Máximo y Florencia Kirchner
Lo que resolvió la Cámara de Casación
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que los planteos de la defensa no presentaban una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema.
Además, señalaron que el decomiso constituye una herramienta destinada a evitar que los beneficios económicos derivados de hechos de corrupción permanezcan en poder de los condenados.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso presentado por Cristina Kirchner, aunque mantuvo diferencias parciales respecto de otros recursos vinculados a los restantes condenados.
Los bienes que podrían rematarse
Según la investigación, gran parte de los bienes de Lázaro Báez ya fueron afectados por otros procesos judiciales, entre ellos la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como "Ruta del Dinero K".
Entre los inmuebles de los Kirchner alcanzados aparecen propiedades en El Calafate y el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.
Mientras espera una definición sobre los recursos pendientes, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó a preparar la eventual ejecución de la sentencia.
En ese marco, el juez Rodrigo Giménez Uriburu envió una consulta a la Corte Suprema para determinar si alguno de los inmuebles alcanzados por el decomiso podría ser destinado al uso del máximo tribunal o del Consejo de la Magistratura.
La consulta forma parte de los procedimientos previos a una eventual subasta pública de los bienes, aunque cualquier avance dependerá de la resolución definitiva de la Corte.
Finalmente, cabe señalar que Cristina Kirchner continúa reclamando modificaciones en las condiciones de su arresto domiciliario: solicitó que se retire la tobillera electrónica, se flexibilice el régimen de visitas y se amplíen las posibilidades de uso de espacios comunes del edificio donde reside.
Pero, el fiscal Diego Luciani se opuso a esos planteos y el juez Giménez Uriburu ratificó recientemente las condiciones actuales de cumplimiento de la pena, incluyendo el monitoreo electrónico y las restricciones vigentes para las visitas.
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