Uno de los puntos centrales del fallo de Casación fue el criterio adoptado respecto del origen de los bienes. Los camaristas sostuvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”, una interpretación que la defensa de Cristina Kirchner rechaza de manera categórica.
En su resolución, los jueces remarcaron que la causa investigó una maniobra “compleja y prolongada en el tiempo”, vinculada al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Según el tribunal, existió “un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner”.
La defensa de la ex presidenta calificó el criterio judicial como “manifiestamente arbitrario y lesivo de garantías constitucionales”. Además, cuestionó que el Tribunal Oral Federal 2 haya delegado en el Ministerio Público Fiscal la identificación de nuevos bienes susceptibles de decomiso.
En otro tramo del fallo, la Casación sostuvo que en delitos desarrollados durante más de diez años “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible” y advirtió que imponer esa exigencia “vaciaría de contenido el decomiso”. Para los camaristas, alcanza con acreditar “una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”.
El argumento de CFK
Cristina Kirchner argumentó que la ejecución patrimonial le provocaría un “gravamen irreparable” y denunció que se intenta llevar adelante “un proceso ejecutivo totalmente ilegítimo” que podría ocasionar “daños patrimoniales irreversibles o de muy difícil subsanación”.
En esa misma línea, Beraldi afirmó que hasta que la Corte Suprema no se expida sobre el recurso presentado, no debería avanzar el cumplimiento del fallo.
La discusión judicial también impacta directamente sobre los bienes de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. La resolución de Casación habilitó avanzar sobre 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner: una registrada a nombre de Cristina Kirchner y otras 19 transferidas a sus hijos en 2016 a título gratuito.
En ese punto, incluso dentro de la Sala IV hubo diferencias respecto del alcance del decomiso sobre los bienes heredados por Máximo y Florencia.
La defensa sostuvo que “no se ha producido una sola medida probatoria” que permita afirmar que esos inmuebles sean producto del delito investigado. Además, argumentaron que en otras causas judiciales ya se había descartado un enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.
“Si la justicia determinó por sentencia firme que las mismas operaciones que ahora se invocan para dar sustento al decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner no dieron lugar a un enriquecimiento ilícito, no puede ahora afirmarse lo contrario”, plantearon los abogados en el escrito presentado ante la Justicia.
Mientras tanto, el empresario Lázaro Báez también quedaría alcanzado por la ejecución patrimonial y podría perder más de 80 propiedades, además de inmuebles vinculados a las empresas utilizadas en las 51 licitaciones viales investigadas en la causa.
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