El resarcimiento económico fue resuelto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Rodolfo Mingarini, a raíz del pedido efectuado por la fiscal Milagros Parodi como parte de una suspensión de juicio a prueba o probation por el delito de "intimidación pública".
El magistrado estableció además que los imputados "deberán realizar 60 horas de trabajos comunitarios distribuidos en seis meses, de acuerdo a lo que se les asigne en el Nodo I de Salud de la provincia".
"Investigamos cinco amenazas de bomba realizadas a la escuela San Roque entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre del año pasado", detalló la fiscal Parodi, quien añadió que "a los dos estudiantes varones -cuyas iniciales son AP y JG- se les atribuyeron tres de los cinco hechos ilícitos, por lo que se les imputó el delito de intimidación pública en calidad de partícipes principales".
La funcionaria judicial agregó que "la estudiante mujer, cuyas iniciales son VBB, fue imputada por los cinco hechos".
“Los imputados y un menor de edad llamaron desde un teléfono celular a la Central de Emergencias 911 y dijeron que en el interior de la escuela había una bomba”, precisó Parodi.
La fiscal destacó que “los actos llevados a cabo por los jóvenes investigados provocaron el despliegue de las fuerzas especiales que actúan en estos casos, el desalojo del inmueble escolar y la alteración del normal desarrollo de las actividades escolares. Además, alarmaron a la comunidad e infundieron temor, en especial, en los vecinos y en los transeúntes que pasaban por el lugar”.
