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Un búnker menos en Rosario.
Narcomenudeo
A su turno, la fiscal Eris explicó cómo se llevó a cabo la investigación judicial. "Por parte del equipo de microtráfico de la Fiscalía General, se toma conocimiento por un informe de un centro de salud, en el que se daba cuenta que una persona se encontraba expuesta a riesgos en el territorio", indicó.
Sobre esa línea, hizo hincapié que había menores de edad con problemas de consumo, por lo que automáticamente se dio intervención. En base a ello "se realizaron investigaciones para dar con el punto de venta y se solicitó ese mismo día que tomemos conocimiento, para pedir varios allanamientos porque se trataba de un pasillo", señaló.
El personal de PDI constató el punto de venta, se realizaron los allanamientos correspondientes que arrojó como resultado positivo que se trataba de un búnker de droga. En el lugar había una persona que se encontraba con estupefacientes, una gran cantidad de dinero en efectivo y también elementos de corte.
"Esa persona quedó detenida, se le imputó el delito y se solicitó la prisión preventiva, la cual fue ordenada por el juez", contó.
Ley de Microtráfico: Derribo e inactivación de búnkers
Los operativos de derribo e inactivación de búnkers, que se desarrollan en el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, ascienden a más de 50 en toda la provincia, y se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de "microtráfico" o "narcomenudeo", que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
A su vez, apunta a dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
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