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El plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina generó la reacción del personal de Atucha.
El plan del Gobierno parar Nucleoeléctrica
El pasado 29 de septiembre, el Gobierno formalizó con el Decreto 695/2025 el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El plan precisa la venta del 44% del capital accionario a inversores privados, mediante una licitación pública nacional e internacional, con el 5% adicional destinado a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores de la empresa.
Justificaron la medida diciendo que sería una fuente financiamiento para otros proyectos, como la extensión de la vida útil de Atucha I. También hablan de reducir el déficit fiscal -si bien Nucleoeléctrica no es deficitaria- y diversificar riesgos en la gestión de un activo estratégico.
La disposición marca que el Estado Nacional conservará el 51% de las acciones junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), asegurando formalmente el control estratégico de la gestión.
Diputados y senadores buscan impedir la venta de acciones
Y si bien el oficialismo se mueve conforme a la ley Bases de 2024, cuyo artículo sobre empresas públicas habilita a la privatización de manera parcial, se presentaron proyectos de resolución en el Senado y en Diputados para impedir o dejar sin efecto el proceso de venta de acciones, argumentando que las centrales nucleares son esenciales para la seguridad de la Nación y no pueden ser enajenadas.
Por caso, en Diputados, Gabriela Estévez presentó un proyecto para anular el artículo de la Ley Bases que habilita la privatización parcial de NA-SA.
También el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la medida durante su último discurso en el recinto y pidió citar a Demian Reidel, flamante presidente de la compañía, mientras recordó que los gremios nucleares ya advirtieron que se trata de "regalar décadas de inversión y trabajo".
Las iniciativas fueron anticipadas por el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que busca declarar al sistema nuclear como "bien público estratégico, no enajenable", y de Silvina García Larraburu, autora de un proyecto de ley que prohíbe expresamente cualquier privatización o extranjerización del sector.
En esta línea, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda coincidieron en que la venta del 44% de NA-SA es una "entrega planificada" de un activo estratégico y rentable, motivada por la urgencia fiscal, que pone en riesgo el conocimiento científico, la estabilidad laboral y la soberanía tecnológica del país.
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