"Son 30 mil, no como los otros 30 mil", escribió en su cuenta de Twitter la semana pasada la diputada del PRO. Esto motivó una avanzada del peronismo -que interpretó en las declaraciones de Casado un acto de negacionismo- para que se suspenda a la legisladora, lo que fue bloqueado por el oficialismo que responde al gobernador Rodolfo Suárez.
Ahora Martínez Guerra recogió el guante y presentó en la legislatura un proyecto para sancionar con hasta 30 días de prisión a quien incurra en “negacionismo de delitos de lesa humanidad".
El legislador del Partido Intransigente pide concretamente agregar el artículo 81 bis al Código Contravencional de Mendoza (Ley N° 9099) y propone sancionar “con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F., o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto, al que públicamente de manera verbal negare, minimizare, justificare o reivindicare, la comisión de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983″.
En la misma sanción incurrirán los que por medio de entrega de folletería, publicaciones en redes sociales, medios digitales o tradicionales, inscripciones en carteles o en su vestimenta, promuevan la contravención prevista en el párrafo primero.
"En caso de que el contraventor sea funcionario público, sufrirá además sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años”, reza un fragmento de la propuesta.
La iniciativa del legislador kirchnerista entraría en colisión con el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Nacional.
Sin embargo, Martínez Guerra restringe ese derecho al considera que “tiene límites, no es absoluta y no todas las opiniones son respetables ni dan lo mismo", según recoge el portal Los Andes.
"Bajo esta línea, existe un interés social relevante a proteger: la memoria y el reconocimiento de las víctimas; la protección de colectivos vulnerables; la búsqueda de la verdad histórica en los sistemas democráticos y la no repetición de las aberraciones del pasado", agrega.
Y argumenta que "diversos países sancionan la apología y minimización de crímenes de lesa humanidad, los mismos realizan leyes acordes a los pedidos de organizaciones como la OEA, UNICEF y la Unión Europea entre otras. Cuentan con penas que van de un año a 15 de prisión o hasta 20 ( Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia, y EEUU o Perú , ellos poseen algún tipo de ley al respecto)”.
A nivel nacional, el presidente Alberto Fernández insinuó impulsar una ley contra el "negacionismo" respecto a los crímenes de la última dictadura. En su visita a Paris, en febrero, el jefe de Estado se comprometió a avanzar con una ley como la que rige en Francia desde 1990 y que prevé una multa de €45.000 y un año de cárcel contra "la expresión pública de tesis que contesten la existencia de crímenes contra la humanidad" -definidos por el Tribunal de Nuremberg en 1946- cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
Esa ley -nunca discutida- penalizaría no sólo a quienes nieguen la cifra nunca demostrada de 30.000 desaparecidos (registros oficiales la ubican en menos de 10.000) sino también -según las palabra del presidente- a los "cultores de la teoría de los 2 demonios", que habló de la 2 "terrorismos": uno que ejercieron las organizaciones guerrilleras y otro que fue practicado por la Fuerzas Armadas como respuesta a la primera.
