- Elaborar un Registro Especial de Electores con Prisión Domiciliaria, basado en datos suministrados por jueces y organismos penitenciarios.
- Establecer los procedimientos, condiciones y plazos para garantizar el secreto, autenticidad e integridad del proceso electoral.
- Además, la Dirección Nacional Electoral deberá reglamentar aspectos técnicos del procedimiento, como:
- Emisión del voto mediante sobre cerrado.
- Certificación de identidad por parte de una autoridad judicial.
- Envío y recolección postal a través de Correo Argentino.
- Custodia de la documentación hasta el escrutinio definitivo.
La implementación sería aplicable a partir del próximo proceso electoral nacional, siempre que se cumplan los plazos de reglamentación.
Un método utilizado en otras democracias
El proyecto fundamenta su propuesta en la experiencia de más de 30 democracias que ya adoptaron el sufragio postal en contextos similares: Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y España, entre otras. En la mayoría de estos países, el mecanismo se usa tanto para ciudadanos en el exterior como para personas con movilidad reducida o que se encuentran bajo arresto domiciliario.
Además, el legislador plantea que el sistema postal es más económico que otras alternativas como la instalación de mesas especiales en domicilios o el traslado judicial de detenidos, cuyo costo puede oscilar entre los $2.700 y $6.600 millones por elección, frente a los $165 a $330 millones estimados para el sistema de voto por correo.
Cristina Kirchner presa: un caso que reflota el debate
El proyecto llega en un contexto sensible: Cristina Fernández de Kirchner se encuentra actualmente detenida en su domicilio por causas vinculadas a corrupción, lo que generó debate sobre si podrá o no votar. Aunque la iniciativa no menciona casos concretos, abre una discusión sobre la universalidad del sufragio, ya que, según Milman, “resulta injustificable que una persona con prisión preventiva en un penal pueda votar, pero no lo haga quien cumple la misma condición en su casa”.
La Corte Suprema ya había advertido esta omisión legal, que afecta el principio de igualdad ante la ley y limita el derecho constitucional al voto.
En los fundamentos del proyecto, Milman sostiene que la norma “corrige una discriminación fáctica” y responde al mandato constitucional de asegurar el derecho político de todos los ciudadanos. “Se trata de fortalecer la legitimidad democrática del sistema electoral argentino”, concluye.
El proyecto completo a continuación:
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