El juez que le puso un freno a la reforma laboral de Milei podría enfrentar acusaciones de la Casa Rosada, en donde preparan la estrategia judicial.
El Gobierno decidió avanzar con una batería de denuncias contra el juez laboral Raúl Ojeda, quien concedió una medida cautelar a la CGT que dejó en suspenso cerca de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Según confirmaron fuentes oficiales a periodistas acreditados, en la Casa Rosada ya trabajan en distintas presentaciones judiciales que se irán formalizando en los próximos días. “La decisión es avanzar a través de diferentes vías”, señalaron desde el entorno del Gobierno.
La avanzada no se limita al ámbito político. En paralelo, ya se presentó una denuncia penal contra el magistrado por fuera del Ejecutivo. Fue impulsada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que solicitó que se investigue a Ojeda por presunto abuso de autoridad.
Sin embargo, en el oficialismo aclaran que su ofensiva va más allá de la cautelar que benefició a la central obrera.
Uno de los focos principales del enfrentamiento se concentra en una resolución posterior del juez, en la que cuestionó la participación del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira.
El magistrado sostuvo que los funcionarios no estaban matriculados para intervenir en el expediente. Desde el Gobierno rechazan ese argumento y sostienen que la representación del Estado no depende de una matrícula, sino del cargo y del marco legal que regula la Procuración del Tesoro.
En ese sentido, en Balcarce 50 aseguran que la decisión judicial afectó directamente su “derecho de defensa”.
El conflicto se produce en paralelo a la estrategia que el Ejecutivo ya había activado para trasladar la causa fuera del fuero laboral.
En el recurso de per saltum presentado ante la Corte Suprema, el Gobierno dejó constancia de que había promovido una inhibitoria ante el fuero contencioso administrativo federal. Ese planteo fue aceptado el 10 de abril por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, que solicitó las actuaciones al juzgado laboral.
Desde el oficialismo interpretan que, en ese contexto, la decisión de Ojeda no solo mantuvo el conflicto abierto, sino que lo profundizó.
La lectura que hacen en el Gobierno es que el juez avanzó sobre un expediente que el propio Estado buscaba reencauzar en otro fuero, y que además intervino en la conformación de la defensa oficial en una causa considerada de “alta sensibilidad política y jurídica”.
El fallo también se dio en simultáneo con la presentación del per saltum ante la Corte Suprema, en el que el Ejecutivo cuestiona la cautelar que favoreció a la CGT.
En la Casa Rosada diferencian ambos planos: por un lado, la discusión de fondo sobre la reforma laboral; por otro, la disputa puntual sobre quién está habilitado para representar al Estado dentro del proceso.
Mientras se desarrolla la batalla judicial, el equipo técnico del Gobierno analiza distintas alternativas para avanzar contra el magistrado.
Entre las opciones en estudio aparecen:
La estrategia apunta a escalar el conflicto en distintos frentes y dejar planteada una señal política frente a decisiones judiciales que consideran adversas.
El choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial suma un nuevo capítulo en torno a la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del Gobierno.
Con la cautelar vigente, la discusión se traslada ahora a los tribunales superiores, mientras el oficialismo endurece su postura y busca marcar límites frente a lo que interpreta como un avance indebido de la Justicia sobre decisiones del Ejecutivo.
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