“Si me preguntan a mí, él no tiene nada que ver con el tema Libra”, expresó en diálogo con la radio El Observador, al minimizar el vínculo de Caputo con el denominado “criptogate”.
La Cámara Baja aprobó semanas atrás la conformación de la comisión investigadora para determinar responsabilidades políticas en torno a la difusión del activo digital, promovido por Milei y replicado por varios funcionarios del Ejecutivo.
Además de Caputo, también fueron convocados Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.
Aunque Francos ya expuso ayer miércoles 17/04 en el recinto durante su informe de gestión, evitó responder preguntas sobre la criptomoneda y dejó ese capítulo pendiente para la comisión que se encargará de profundizar la investigación.
La comisión por LIBRA, dividida
La comisión especial estará integrada por 28 diputados, en partes iguales entre oficialistas y opositores. Por el lado del Gobierno, se sumaron representantes del PRO, MID, UCR, y bloques provinciales como Innovación Federal y la Liga del Interior. La oposición, en tanto, estará compuesta por legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
Para su funcionamiento se requerirá un quórum mínimo de 15 miembros, y el primer desafío será la elección de sus autoridades. La normativa estipula que la presidencia no tendrá doble voto en caso de empate, por lo que cualquier definición polémica deberá alcanzar consensos internos.
Alcances de la investigación
El eje central del trabajo parlamentario será esclarecer los hechos vinculados a la promoción de Libra por parte del presidente Milei, el pasado 14 de febrero. Pero también se investigará el grado de participación de otros funcionarios cercanos al mandatario, como su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y el propio Caputo.
La comisión tendrá amplias facultades: podrá solicitar documentación pública o privada, remitir oficios a diversos organismos del Estado, tomar declaraciones testimoniales e incluso recibir denuncias vinculadas al caso. Además, también tiene potestad para citar al propio Presidente.
El plazo para presentar un informe final será de tres meses, prorrogable solo en circunstancias justificadas. Finalizado el período de trabajo, los legisladores deberán remitir sus conclusiones a la Cámara de Diputados con los resultados obtenidos y recomendaciones, si las hubiera.
Por ahora, lo único cierto es que la resistencia del oficialismo a que Luis Toto Caputo rinda cuentas en el Congreso genera suspicacias, justo cuando se debate el alcance de las responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo.
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