A través de un comunicado oficial, la oficina que depende directamente del Ejecutivo Nacional informó que "el encuentro tuvo como finalidad el diseño de una estrategia conjunta para avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la agencia".
La SIGEN celebró que "se reasignen fondos para financiar políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social".
Montero calificó como “una gran evolución institucional” que comiencen a controlarse los fondos y sus recursos extras sean destinados a ayuda social.
“Desde SIGEN vamos a llevar adelante un trabajo de control que esté en total sintonía con la voluntad política del Presidente, que nos plantea terminar con la concepción de un Estado secreto”, disparó.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la República Argentina es el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno, mediante un empleo adecuado de los recursos dentro del marco legal vigente.
La labor de la SIGEN es ser Auditor Interno del Poder Ejecutivo Nacional. Es una función de asesoramiento a la máxima autoridad de Gobierno y depende directamente de esta. Su función es distinta a la Auditoría General de la Nación (AGN) de la Argentina, porque esta es un órgano parlamentario cuya conducción es compartida con los partidos de oposición, de acuerdo a su representación en el Congreso, y realiza control externo, pudiendo controlar también en su caso a las máximas autoridades nacionales.
La SIGEN coordina los sistemas de control interno a nivel nacional lo que incluye el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la Nación (CGN), aspectos legales y operativos. Por eso se habla de un enfoque sistémico e integral. Por ello entre sus diversas funciones se hallan las de dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser respetadas por las Unidades de Auditoría Interna (UAI) que funcionan en cada Ministerio y organismo autárquico de la Administración Pública Nacional.
Fue creada en el año 1992 a partir de la ley 24.156.
Tal como detalló el portal K, El Destape, el presupuesto de 2018 fue de $2.178,7 millones. Y para 2020, el gasto previsto en inteligencia por la gestión de Macri superaba los $10.100 millones. Estos datos surgían de la denominada Cuenta de Inversión, una enciclopédica memoria que la Casa Rosada le envía cada año al Congreso.
