¿Qué contenidos quedarían alcanzados?
El proyecto distingue entre dos tipos de piezas falsas:
- Contenido manipulado: aquel alterado digitalmente para que parezca real, haciendo que una persona parezca decir o hacer algo que no ocurrió.
- Contenido materialmente engañoso: material que, sin alterar el sentido de forma evidente, puede inducir a error a una persona razonable sobre su veracidad.
Este tipo de publicaciones podrían ser removidas si afectan la imagen de candidatos, si simulan declaraciones falsas de autoridades electorales o si distorsionan la percepción de la legitimidad del proceso democrático.
Más detalles del proyecto
Las medidas más estrictas se aplicarán durante el llamado “período de restricción”, que va desde 60 días antes de las elecciones hasta el día posterior a los comicios. En ese lapso, las plataformas deberán eliminar en un plazo de hasta 48 horas cualquier contenido engañoso reportado que cumpla con los requisitos definidos por la ley.
Mientras tanto, el contenido deberá ser rotulado con una advertencia clara:
“Este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico.”
Fuera del período electoral, el contenido no se elimina pero sí debe ser etiquetado si es reportado por usuarios y se determina que es engañoso.
Cómo se reporta y quién interviene
Las plataformas tendrán la obligación de habilitar mecanismos de denuncia accesibles, y deberán responder en un máximo de 36 horas al denunciante con información sobre las medidas tomadas. Además, los jueces electorales podrán intervenir con medidas cautelares para exigir el cumplimiento de la norma.
Qué queda fuera de la norma
El proyecto no sanciona contenidos satíricos o paródicos, ni a medios de comunicación que usen material manipulado con fines periodísticos o documentales siempre que se aclare su falsedad.
Los legisladores autores del proyecto (entre ellos Julio Cobos, Margarita Stolbizer y Marcela Pagano) justifican la necesidad de esta ley en el riesgo creciente de manipulación digital mediante inteligencia artificial generativa, como los deepfakes.
Además, señalan que países como Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos ya han avanzado en marcos regulatorios para la IA, y que la Argentina no puede quedar rezagada ante un fenómeno que amenaza la integridad del sistema democrático.
“El rápido avance de estas plataformas impulsa que busquemos la manera de proteger los derechos humanos, en particular el derecho a informarnos de manera fidedigna, sin frenar el desarrollo tecnológico”, sostienen los autores en los fundamentos del proyecto.
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