El enfrentamiento se da en un contexto sensible para el fútbol argentino. En Davos, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostraron junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, una imagen que fue leída como un gesto político relevante. En el entorno de la AFA existía preocupación por una eventual sanción internacional, dado que la FIFA promueve la no injerencia estatal en las asociaciones nacionales.
Desde la IGJ descartaron esa posibilidad. Vítolo calificó como “disparatada” cualquier hipótesis de sanción y recordó antecedentes en otros países, como Brasil, donde hubo intervenciones estatales sin consecuencias deportivas a nivel internacional.
Más allá de los balances, otro foco de conflicto fue el traslado de la sede de la AFA al partido bonaerense de Pilar. La IGJ primero objetó la mudanza y luego aclaró que no se opondría al cambio de domicilio. Sin embargo, el tema quedó envuelto en una investigación judicial paralela vinculada a una propiedad ubicada en ese distrito, cuya titularidad real es objeto de análisis por parte de la Justicia.
Las sospechas apuntan especialmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según trascendió, en reuniones internas Tapia respaldó a su colaborador más cercano y dejó en claro que no piensa desplazarlo en medio del conflicto.
A este escenario se suman otras causas que orbitan alrededor de la AFA, tanto en la Argentina como en el exterior, y que refuerzan la presión judicial sobre su conducción. Pese a ello, Tapia minimizó el impacto del frente judicial y buscó despegar su situación personal de las investigaciones en curso.
Con la denuncia ya en los tribunales, la disputa entre la AFA y el Gobierno dejó de ser solo un cruce político y administrativo. Ahora, el conflicto se juega también en el terreno judicial, con derivaciones que podrían tener impacto institucional y deportivo.
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