Para cubrir estos costos, la norma prevé una asignación específica de fondos por $3,28 billones el año próximo, equivalente al 0,39% del PBI.
Javier Milei quiere veto a jubilados
En ese contexto, el presidente Javier Milei anticipó públicamente su decisión de vetar la norma. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que no tienen asegurados los diputados necesarios para sostener esa maniobra y evitar que el Congreso insista con la ley.
Las cifras legislativas dejaron en evidencia el escenario: el paquete previsional fue aprobado en la Cámara Alta con 52 votos a favor, apenas 5 abstenciones y 16 ausencias, reflejo de un consenso transversal entre bloques opositores y sectores aliados desencantados con la gestión libertaria.
En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita reunir al menos 86 voluntades para frenar un eventual rechazo al veto, la situación se muestra más incierta. Si bien la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires podría sumar respaldo, las internas dentro del macrismo complican el panorama: nueve diputados cercanos a Mauricio Macri se abstuvieron en la votación anterior, generando dudas sobre su acompañamiento futuro.
A eso se suma un dato que preocupa al Ejecutivo: diputados como Agustín Fernández, Elía Marina Fernández y Gladys Medina, que el año pasado integraban el grupo que votaba sistemáticamente con el oficialismo, esta vez se alinearon con el aumento a los haberes, reflejando el malestar de varios gobernadores con la política de ajuste nacional.
Ya no hay 87 héroes en el Congreso
“Hay espacios políticos que antes acompañaban al Gobierno y ahora no. Ese es un dato político importante”, subrayó el senador Oscar Parrilli, marcando el alejamiento de bloques clave como los de Tucumán, Salta y Misiones.
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, fuentes cercanas a Martín Menem admiten que la situación es más frágil de lo que el Gobierno busca mostrar públicamente. “Los 86 votos están lejos de estar garantizados”, reconocen.
Ante este escenario, Milei redobla su presión y amenaza con judicializar la norma si el Congreso insiste en sancionarla.
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