Entre las principales modificaciones se incorporó una excepción para funcionarios públicos y dirigentes elegidos por voto popular, quienes no podrían utilizar este procedimiento especial. La exclusión también alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado hasta el rango de director.
Asimismo, se eliminó un artículo que fijaba una vigencia inicial de diez días para las medidas cautelares. En cambio, se mantuvo la estructura central del proyecto y la rapidez del procedimiento.
El texto también establece que el juez deberá rechazar la solicitud cuando existan dudas razonables de que el contenido cuestionado constituya una opinión, una crítica legítima o información de interés público.
Un proyecto que divide opiniones y genera escándalo
La iniciativa fue presentada por los legisladores oficialistas Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Argañaraz y Sergio Mansilla, todos vinculados al espacio político del gobernador Osvaldo Jaldo.
Durante su tratamiento en comisión recibió el respaldo de cuatro legisladores peronistas y también del representante de La Libertad Avanza José Macome, un apoyo que llamó la atención y permitió que el proyecto avanzara hacia su tratamiento legislativo.
Sin embargo, la propuesta también cosechó fuertes cuestionamientos desde sectores opositores. Uno de los críticos fue Walter Berarducci, quien advirtió que una norma de estas características podría convertir a los jueces en árbitros sobre qué contenidos pueden permanecer publicados y cuáles deben ser eliminados, con posibles consecuencias para el ejercicio del periodismo y la circulación de información en internet.
Del otro lado, Vargas Aignasse defendió la iniciativa y negó que implique censura previa. Según explicó, el objetivo es brindar una herramienta rápida para limitar la difusión de contenidos falsos o difamatorios que pueden viralizarse en cuestión de minutos y generar perjuicios difíciles de reparar posteriormente.
La decisión final quedará en manos de la Legislatura tucumana
Con dictamen favorable, el proyecto ya está en condiciones de ser debatido por el pleno de la Legislatura tucumana. Allí se definirá si la provincia avanza con un mecanismo inédito para ordenar el retiro exprés de contenidos digitales o si prevalecen las objeciones planteadas sobre su eventual impacto en la libertad de expresión, el trabajo de los medios de comunicación y el debate público en redes sociales.
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