- Difundir logros de gestión con intención de persuadir al electorado.
- Utilizar elementos gráficos, audiovisuales o discursivos similares a los de una campaña partidaria.
- Promover intereses individuales de dirigentes o funcionarios.
- Difundir mensajes que discriminen o excluyan por razones políticas, ideológicas, de género o cualquier otro motivo.
Quieren evitar otro Manuel Adorni en octubre
Uno de los puntos más enfáticos del texto es que ningún funcionario podrá participar de actos inaugurales, anunciar planes ni lanzar programas públicos durante el período de campaña electoral, incluso si la elección se desarrolla en otro nivel jurisdiccional.
“El objetivo es garantizar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para promover candidaturas o beneficiar electoralmente a quienes están en el poder”, explicó Paulón al fundamentar su proyecto.
Sanciones previstas
El proyecto contempla sanciones penales y administrativas para quienes violen las restricciones. Entre ellas:
- Inhabilitación de 1 a 10 años para ejercer cargos públicos.
- Cancelación de candidaturas o revocación del mandato, en caso de que el involucrado ya haya asumido funciones.
- Pérdida de espacios publicitarios asignados por el Estado a la agrupación política infractora.
- La autoridad electoral federal podrá, además, ordenar el cese inmediato de cualquier anuncio que no cumpla con la normativa.
Un marco legal más estricto
Por último, el texto propone reforzar las disposiciones ya existentes en la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y modificar el Código Electoral Nacional, con el objetivo de elevar los estándares de transparencia y equidad en la competencia política.
Con esta iniciativa, Paulón busca generar un marco más claro que impida que la comunicación estatal —cuyo fin debería ser exclusivamente informativo e institucional— se convierta en una herramienta de propaganda electoral encubierta.
El proyecto completo a continuación:
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