En ese anuncio el Presidente detallará las líneas centrales del proyecto, con el listado de los 11 miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Los 11 juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.
Cuando el Presidente de la nación anunció que estaba lista su reforma judicial, fueron muchas las críticas que llovieron en su contra, y aunque la dirigencia, e incluso, la gente, admite que la Justicia argentina necesita "un cambio", cuestionan que un contexto pandémico, este proyecto no sería "una prioridad". Incluso, desde Juntos por el Cambio expresaron su rechazo y en un comunicado difundido hoy, dijeron: "El contexto en el que se presenta la posibilidad de una reforma judicial y particularmente de una ampliación de la Corte Suprema no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad".
También cuestionan el gasto que implicaría al Estado una reforma judicial, ya que al duplicar los juzgados, se necesitarán, por ejemplo, la compra de edificios, que representan costos millonarios para el país, en un contexto de severa crisis económica y social.
En paralelo, el Gobierno, pero con la cara visible del abogado Maximiliano Rusconi -también abogado de Julio De Vido-, aplica una ofensiva contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Incluso, muchos expertos y analistas alegan que desde el oficialismo lo que están cocinando es "la posibilidad de un juicio político", esa misma frase, la del juicio político, también la mencionó el pasado domingo Roberto García en su editorial de La Mirada, periodista político que por lo general, acierta en sus predicciones.
Sobre lo que ocurre con Rosenkrantz, es que el presidente de la Corte fue recusado por la Tabacalera Sarandí en un caso que tiene en su carátula al Estado nacional como demandado, pero cuyas resoluciones podrían terminar favoreciendo a dos grandes empresas multinacionales.
Se trata de las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco, que habrían sido beneficiadas por Rosenkrantz. Mientras tanto, la Tabacalera Sarandí, una empresa argentina que se dedica a la distribución y manufactura de distintas marcas de cigarrillos.
Además de haber beneficiado a las multinacionales, también denuncian que que su hija, Julia Rosenkrantz, forma parte de Marval O’Farrell Mairal, estudio jurídico que defiende los intereses de Philip Morris en el país a través de su socia, Massalin Particulares.
Gracias a esos beneficios fiscales, se estima que en la Argentina se dejaron de recaudar $300.000 millones. A la par, la rebaja impositiva favoreció a las dos gigantes que dominan el 80% del mercado de los cigarrillos.
El Código Procesal Civil y Comercial prescribe expresamente que los jueces no deberían intervenir en casos donde fueron defensores de alguno de los litigantes o emitieron algún tipo de opinión, recomendación o dictamen. Tampoco si tienen amistad con alguna de las partes, que se advierta en la familiaridad o la frecuencia en el trato, o si recibieron beneficios de importancia de alguna de ellas.
