Derechos de exportación
La reunión contó con la participación de referentes de las principales entidades del campo. Por la Sociedad Rural Argentina, Ivana Nadal fue tajante:
“Los derechos de exportación son un mal impuesto. Llevamos 20 años reclamando su eliminación. Solo han frenado inversiones y el desarrollo productivo del país”.
A su vez, la dirigente denunció que más de 100 mil productores dejaron la actividad en las últimas dos décadas, y que la transferencia de recursos del campo al Estado superó los 200 mil millones de dólares.
Nadal también subrayó que este tipo de impuestos son “discriminatorios, confiscatorios e inconstitucionales”, y que afectan especialmente a las economías del interior. A su vez, recordó que la Sociedad Rural presentó un amparo colectivo contra el cobro de estas retenciones en 2022.
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El impacto negativo de los derechos de exportación
Desde Confederaciones Rurales Argentinas, Pablo Ginestet se sumó al pedido y aseguró que los derechos de exportación “generan un impacto devastador en las comunidades rurales”. Según explicó, impiden el desarrollo, limitan la producción, desincentivan la inversión y perjudican directamente la competitividad del país.
Por otro lado, también alertó sobre la pérdida de más de 75.000 productores desde 2002, lo que representa una caída de más del 25% en el sector.
En esa misma línea, Ginestet sostuvo que eliminar las retenciones permitiría al agro “ganar previsibilidad, acceso al crédito, planificación e inversión”, y propuso además un debate sobre la necesidad de reducir el gasto público como camino hacia la estabilidad económica.
Reclamos por previsibilidad e incentivos
Por su parte, Claudio Angeleri, de la Federación Agraria Argentina, pidió que la eliminación de las retenciones sea gradual o directa, pero definitiva.
“A lo largo de los años, todos los gobiernos prometieron sacar las retenciones y ninguno cumplió. Necesitamos previsibilidad para invertir”, reclamó. A su vez, denunció que el 72% de lo que tributan los productores se va en impuestos.
Al momento de su exposición, Patricia Luque, representante de CONINAGRO, planteó que suprimir los derechos de exportación no implicaría una pérdida fiscal, sino una reorientación de los recursos. “Es una medida clave para fortalecer el interior productivo, generar empleo, divisas y fomentar un crecimiento económico sostenible”, sostuvo.
Luque remarcó el rol estratégico del agro: “Es responsable de 1 de cada 4 empleos privados, 1 de cada 4 pesos del PBI, 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria y genera 5 de cada 10 dólares que ingresan por exportaciones”.
Embed - COMISIÓN COMPLETA: AGRICULTURA Y GANADERÍA - 9 de abril de 2025 | Diputados Argentina
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