En un extenso hilo de X, el diputado nacional aseguró que "el gobierno nacional abandonó las políticas de prevención (dejando de actualizar las redes sociales oficiales y frenando las campañas de difusión), y de asistencia a víctimas (no más altas en programas, no entrega más viviendas, desmantelamiento de CDR's)".
Además, agregó que el Gobierno también limitó la persecución de estos delitos, resintiendo la capacidad de inspección del Estado, "con el desmantelamiento de áreas en Trabajo y AFIP, el incumplimiento de convenios con UATRE, RENATRE y SENASA, y la falta de articulación con UIF y AFIP para cruzar información".
En esa misma línea, el diputado denunció que con el DNU de Milei, se cesanteó a 30 trabajadores de la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 - Programa Nacional de Rescate (PNR), que hoy atiende con el 50% del personal necesario para su funcionamiento.
Por otro lado, en materia de fortalecimiento y articulación institucional, aseguró que se cortaron todas las acciones de coordinación con otros niveles y poderes del Estado, y con países limítrofes.
En esa línea, el diputado de UP destacó la labor que venían haciendo gestiones anteriores y manifestó: “A contramano de lo que venía haciendo la Argentina en la materia, desde el 26 de febrero la elaboración de políticas públicas en materia de trata es abordada desde una perspectiva meramente policial, excluyendo el resto de las dimensiones que la problemática requiere para su abordaje”.
Por último, Eduardo Toniolli remarcó que el 30 de mayo pasado había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo para exigir un plan de acción en relación a la acuciante problemática sobre la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.