En ese sentido, el diputado Agost Carreño destacó que estas medidas “buscan garantizar el derecho alimentario de los hijos, protegiendo su vida, salud y dignidad, en línea con los derechos humanos reconocidos tanto en normativas nacionales como internacionales”.
A su vez, argumentó que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18, establece la obligación de ambos padres de participar en la crianza y desarrollo del niño y, en el artículo 27, reconoce el derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes.
Informalidad laboral y cuota alimentaria
El proyecto también aborda la problemática de la informalidad laboral, que dificulta la determinación del caudal económico del alimentante y la eficacia de las sentencias judiciales. Con la implementación de un piso mínimo, se busca establecer un parámetro objetivo para la determinación de la cuota alimentaria, sin alterar las normas vigentes en materia alimentaria y de procesos de familia.
El endurecimiento de sanciones para empleadores que no retienen ni depositan las cuotas descontadas, así como la imposición de medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las sentencias, son algunas de las acciones propuestas para mejorar la tutela judicial efectiva y proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
En definitiva, el proyecto de ley apunta a reforzar la protección de los derechos alimentarios de los menores y asegurar que las resoluciones judiciales se cumplan de manera oportuna y efectiva, en un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado para garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El proyecto completo a continuación