La iniciativa, no obstante, contempla excepciones puntuales para situaciones en las que la pirotecnia sonora cumple un rol operativo indispensable. Entre ellas se incluyen las señales de emergencia o auxilio, el uso por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los sistemas anti-granizo y determinadas actividades industriales o mineras que requieren explosivos.
Quieren que sea en todo el país
El Ministerio de Seguridad de la Nación sería la autoridad encargada de aplicar la norma, en coordinación con provincias y municipios. Entre sus responsabilidades figuran las tareas de control y fiscalización, así como la implementación de campañas de concientización junto a organizaciones de la sociedad civil.
En caso de incumplimiento, el proyecto prevé un esquema de sanciones que incluye multas económicas, decomiso de mercadería y clausuras temporales de comercios. Las penalidades se agravan en situaciones de reincidencia y también alcanzan a entidades no comerciales cuando las infracciones ocurran en sus instalaciones. Los fondos recaudados se destinarán a acciones de difusión y prevención.
El proyecto describe el esquema de sanciones económicas y administrativas para quienes violen la prohibición:
- Multas de 2.000 a 10.000 UF
- Decomiso de toda la mercadería y elementos vinculados
- Clausura de comercios por 5 a 10 días en la primera infracción
- Hasta 60 días de clausura en caso de reincidencia
- Responsabilidad de entidades no comerciales cuando la infracción ocurra en sus instalaciones y no se identifique a los responsables
En los fundamentos, la diputada advierte sobre el impacto que los ruidos intensos —que pueden superar los 140 decibeles— generan en niños, adultos mayores y personas con trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, así como en animales domésticos y silvestres. También señala los efectos ambientales derivados de la emisión de gases contaminantes y partículas tóxicas.
Picón Martínez destaca, además, que varias provincias ya cuentan con regulaciones similares y que la Ciudad de Buenos Aires mantiene una prohibición permanente de pirotecnia audible. La propuesta busca unificar criterios y establecer un marco legal común para todo el país.
“El objetivo es avanzar hacia celebraciones más inclusivas y seguras, sin estruendos que generen daño”, sostiene la legisladora, quien convocó a sus pares a acompañar la iniciativa para limitar el uso indiscriminado de pirotecnia sonora en Argentina.
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