En ese contexto, recuerdan que durante los últimos años existieron distintos proyectos para ampliar la infraestructura naval en la ciudad fueguina, incluyendo la posibilidad de desarrollar una base integrada destinada a fortalecer la logística y las operaciones militares en el extremo sur del país.
Un oficial consultado resumió la preocupación al señalar que "la ubicación de esos terrenos tiene un valor estratégico que excede completamente su valor inmobiliario".
Otro jefe militar comparó la decisión con una situación hipotética en Estados Unidos: " Es como si Estados Unidos decidiera venderle al mercado un terreno estratégico del Comando Sur en Florida", sostuvo para reflejar el nivel de inquietud que existe dentro de la fuerza.
El destino del dinero, otro foco de incertidumbre
Además de la venta en sí, otro de los cuestionamientos apunta al uso que tendrán los recursos obtenidos.
El plan oficial prevé que una parte importante de esos ingresos sea destinada al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. En ese esquema, el 70% de lo recaudado por la venta de bienes militares debería regresar al sistema de Defensa.
No obstante, fuentes castrenses aseguran que existe escepticismo respecto de que esos fondos efectivamente terminen financiando nuevas capacidades militares. Argumentan que los recortes presupuestarios registrados en el último año alimentan las dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso.
"Nos piden desprendernos de patrimonio estratégico con la promesa de que el dinero volverá a las Fuerzas, pero nadie puede asegurar hoy que eso vaya a ocurrir", expresó una fuente militar.
Un debate que trasciende un lote (que va más allá de Ushuaia)
La polémica también se produce en un momento de creciente atención sobre el Atlántico Sur y la presencia internacional en la región.
Dentro del ámbito militar consideran que reducir el patrimonio del Estado en Ushuaia podría enviar un mensaje contradictorio respecto del objetivo de consolidar la presencia argentina en un área clave para las operaciones antárticas, la proyección marítima y la defensa de los intereses nacionales.
Desde el Ejecutivo, en cambio, defienden la iniciativa como parte de una política orientada a optimizar la administración de los bienes públicos, desprendiéndose de inmuebles considerados ociosos para generar recursos y reducir costos.
Pero entre los sectores militares persiste la preocupación. Más allá de la superficie del terreno involucrado, sostienen que la discusión de fondo pasa por preservar espacios estratégicos en una de las regiones más relevantes del país y garantizar que, si finalmente se venden, los recursos obtenidos se traduzcan efectivamente en una mejora para las capacidades de las Fuerzas Armadas.
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