La iniciativa también apunta a fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado, promoviendo un esquema de trabajo conjunto que facilite la elaboración de políticas públicas con mayor conocimiento de las necesidades del entramado productivo.
Un modelo basado en experiencias de articulación público-privada
Para respaldar el proyecto, el legislador cita ejemplos de organismos que ya funcionan con participación de representantes empresariales. Entre ellos menciona el Consejo PyME de Córdoba, donde intervienen instituciones privadas vinculadas al sector productivo, y el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), que también incorporó dirigentes empresariales en su conducción.
Asimismo, destaca experiencias de cooperación entre el ámbito público y el privado en materia de innovación tecnológica, como el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR), desarrollado a partir del trabajo conjunto entre empresas y organismos científicos.
El objetivo: fortalecer el desarrollo productivo
Según el texto presentado en el Senado, sumar la mirada de las asociaciones que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas permitiría mejorar la planificación de las políticas públicas destinadas a uno de los sectores que más empleo genera en el país.
Con esta modificación, el oficialismo busca avanzar hacia un esquema donde las PyMEs no solo sean destinatarias de las medidas de promoción, sino también protagonistas en el diseño de las herramientas que impactan sobre su actividad y sobre las economías regionales.
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