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Mediación: el deudor podrá solicitar una instancia administrativa y gratuita de negociación con sus acreedores antes de llegar a la Justicia. Tendrá un plazo máximo de 60 días, prorrogable por 30.
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Planes de pago: se podrán pactar reestructuraciones de hasta 5 años, con tasas limitadas a la activa del Banco Nación y sin capitalización de intereses.
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Proceso judicial: si la mediación fracasa, el deudor podrá acudir a la Justicia para presentar un plan de pagos que no supere el 35% de sus ingresos netos, salvo consentimiento expreso.
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Suspensión de juicios: al abrirse el procedimiento se frenarán las ejecuciones individuales y los intereses punitorios, aunque quedarán excluidas las deudas alimentarias, tributarias y laborales.
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Rehabilitación: tras cumplir el plan, o al cabo de 5 años, el juez podrá declarar extinguida la deuda pendiente y permitir la reinserción plena del deudor.
Educación financiera como prevención
El proyecto también incorpora un capítulo de educación financiera obligatoria en el nivel secundario, coordinado entre el Ministerio de Capital Humano, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Además, prevé campañas de concientización para adultos.
En los argumentos, Agost Carreño señaló que “la falta de un marco legal específico genera respuestas fragmentarias” y destacó que en países como Francia, Brasil, Canadá y Estados Unidos ya existen mecanismos similares que ayudan a los ciudadanos a salir del círculo vicioso de la deuda.
“La propuesta busca equilibrar derechos: preservar la dignidad del deudor y garantizar condiciones de pago razonables para los acreedores”, señaló el legislador, quien pidió abrir el debate sobre un problema que calificó como “una gran preocupación de miles de familias que no logran llegar a fin de mes”.
El proyecto completo a continuación:
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