La evaluación de las tarifas ocurre luego del vencimiento del artículo que facultaba al Ejecutivo para mantenerlas a precios accesibles.
Pero extiende el congelamiento por 90 días mientras que los entes reguladores renegocian los montos.
Algo había adelantado en noviembre pasado Darío Martínez cuando dijo que entre marzo y abril podría aplicarse una suba gradual en las tarifas de servicios públicos y que sería a cuenta de lo que se decida en el debate por una la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).
“Queremos ir a una 'tarifa de transición' para evitar un impacto altísimo en los bolsillos de la gente, como contemplaba la RTI de la gestión anterior, y que el usuario no tenga que comprar menos bienes y servicios para pagar la energía”, explicó el funcionario en declaraciones que reprodujo el diario Página/12.
El adelanto de Martínez quedó finalmente plasmado en artículo 3 del decreto que estipula que “Dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
Y sobre el rol de los entes que conducen personas de confianza de la vicepresidenta, el artículo 4 deja en claro que “el ENARGAS y el ENRE quedan facultados para dictar los actos administrativos que correspondan y resulten necesarios a los fines de lo dispuesto en la presente medida, disponiendo de plenas facultades para establecer las normas complementarias de la presente”.
Y para asegurar los cargos de los dos asesores de Cristina, el artículo 12 dice: “prorrógase la intervención del ENARGAS y del ENRE dispuestas respectivamente mediante los Decretos Nros. 277/20, 278/20 y 963/20, incluyendo mandas y designaciones, por el plazo UN (1) año desde su vencimiento o hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por el presente, lo que ocurra primero”.
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