Cabe recordar que dicho cambio va contra los deseos del juez Daniel Rafecas, candidato de Alberto Fernández a ese cargo, algo que parece no interesar mucho en la Cámara alta, ya que no hubo muchos esfuerzos del bloque del Frente de Todos por negociar los votos para nombrarlo en ese asiento.
La Comisión tiene en estudio cuatro proyectos: tres de la oposición y uno del representante de Juntos Somos Río Negro, el peronista aliado del oficialismo Alberto Weretilneck.
Las iniciativas del porteño Martín Lousteau y de la neuquina Lucila Crexell hacen hincapié en la necesidad de que los cargos de Procurador y de Defensor duren entre cinco y seis años, con la posibilidad de una reelección.
No obstante, tanto el proyecto de Lousteau como el de Crexell mantienen la mayoría agravada de dos tercios para su elección por el Senado de la Nación.
El de Weretilneck, por el contrario, establece que tanto el procurador como el defensor general pueden ser elegidos por mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos, y a ese apuntaría el oficialismo para emitir despacho.
En tanto, también este viernes el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará en un plenario de comisiones conseguir dictamen de mayoría para el proyecto que redistribuye los fondos coparticipables entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
El proyecto había sido aprobado el 2 de octubre por el Senado en medio de la polémica por la quita de esos fondos a la Ciudad de Buenos Aires para crear un fondo a fin de solventar los gastos de seguridad ciudadana en la provincia gobernada pro Axel Kicillof después de una inédita protesta policial.
El proyecto impulsado por el oficialismo contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses.
El oficialismo recuerda que ese monto fue acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en 2016.
La iniciativa ahora en tratamiento parlamentario establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.
"A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad", dice el texto.
