En febrero, el juez Ercolini había procesado a Fernández, dictado un embargo de diez millones de pesos sobre sus bienes y emitido una orden de restricción perimetral que le prohíbe acercarse o comunicarse por cualquier medio con Yáñez.
En su descargo, Fernández presentó un escrito de más de 50 páginas en el que negó todas las acusaciones. Su defensa sostuvo que no existen pruebas directas y que la causa se basa en elementos “interpretativos” o “subjetivos”, entre ellos capturas de chats cuya autenticidad, según sostiene, no está debidamente acreditada.
“La causa no ofrece evidencia directa. No se puede sustituir la falta de pruebas con suposiciones ni con la lectura parcial de conversaciones”, expresó su defensa legal en ese documento.
Más allá de la instancia judicial que se abre, el caso representa uno de los episodios más sensibles para la figura del expresidente tras su paso por el poder. La resolución sobre si se sentará en el banquillo quedará en manos de la Justicia.
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