Además, remarca que "resulta imperativo" que la SSS adopte nuevas medidas con el objeto de "garantizar a través del reparto de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud".
El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes del seguro de salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro, según se especificó.
Según el cálculo del diario Clarín, con esta medida en lo que va del año, a través de SUR se distribuyeron un total de $ 23.909 millones.
En todo el año pasado, se habían transferido $ 12.188 millones.
De esta manera se distribuye entre todas las entidades el pago de esas prestaciones complejas, de tratamiento crónico y más costosas, evitando que ese mayor gasto se concentre en determinadas entidades, en especial entre las que tienen menor cantidad de afiliados o respaldo financiero.
La CGT había expresado su malestar desde el encuentro con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos (fue el 1° de diciembre) por la falta de respuestas sobre la promesa presidencial del contacto que iban a mantener para analizar la compleja situación financiera de las obras sociales.
Pero quien sí se reunió con los sindicalistas fue el ministro González García: se trató de una reunión reservada que tuvo lugar el viernes pasado, en la sede del ministerio, con el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el dirigente que más conoce sobre el sistema sindical de salud. También participó el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini.
La CGT llevó al encuentro con el titular de la cartera de Salud varias propuestas para aliviar la crisis de las obras sociales, que, según advierten los sindicalistas, arrastran un déficit de casi 7 mil millones desde enero hasta hoy y que mantienen una estructura con costos dolarizados, desbordada de prestaciones y sin recursos para poder cumplirlas.
El primer punto fue una solución para el pago de los medicamentos más caros. La CGT pidió que el Estado se encargue de compensar ese costo mediante un fondo especial destinado a ese fin. González García quedó en estudiarlo. El Gobierno dio un paso en ese sentido en junio pasado, cuando incorporó la atrofia muscular espinal (AME) al listado de patologías que son reconocidas por el Estado para reintegrar el costo del medicamento -considerado el más caro del mundo- al sistema sindical de salud. Pero hay más drogas de tratamientos que, cautelares judiciales mediante, terminan pagando las obras sociales y ayudan a desfinanciarlas. Algunos medicamentos cuestan 200 mil o 300 mil dólares.
