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Ausencia de precio testigo: sin un parámetro de referencia público, resulta más difícil evaluar si la oferta adjudicada resulta competitiva frente al mercado.
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Fees y comisiones: el pliego y la documentación de adjudicación no clarifican con detalle los fees incluidos en los servicios (por ejemplo, comisiones por gestión, emisión o asistencia), lo que impide determinar el impacto real sobre el costo final para el Estado.
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Posibles sobrecostos vinculados a servicios adicionales: la modalidad de Orden de Compra Abierta admite la incorporación de servicios complementarios dentro de los topes, lo que puede derivar en ampliaciones del gasto sin controles estrictos.
Implicancias y señales
La decisión del ministerio abre un debate sobre el equilibrio entre la valoración de aspectos técnicos (como experiencia, capacidad operativa y calidad de servicio) y la eficiencia en el uso de fondos públicos. Si bien la elección por criterios técnicos puede justificarse en la búsqueda de un servicio confiable para funcionarios y dependencias, la diferencia económica con la oferta más barata y la falta de mayor transparencia en la estructura de costos generan señales preocupantes en términos de control y buen uso del erario.
Qué seguir investigando
- Solicitar el informe técnico completo que motivó la adjudicación y los detalles del puntaje asignado a cada oferente.
- Acceder al desglose contractual de fees, comisiones y servicios adicionales incluidos en el monto adjudicado.
- Verificar si la Orden de Compra Abierta contempla mecanismos de revisión periódica de precios y de rendición de cuentas sobre lo consumido dentro de los topes.
En suma, la adjudicación por $648.779.200 del Ministerio de Justicia refleja una decisión administrativa que priorizó aspectos técnicos, pero que al mismo tiempo dejó sin resolver interrogantes relevantes sobre economía del contrato y mecanismos de control. La documentación completa del proceso será clave para disipar o confirmar las dudas planteadas.
La agencia Noticias Argentinas precisa detalles de la operación
¿Qué compraron?
- Pasajes aéreos nacionales: $255.000.000
- Pasajes aéreos internacionales: $250.000.000
- Pasajes de ómnibus y trenes: $30.000.000
- Asistencia al viajero: $34.500.000 A estos gastos directos se suman comisiones fijas (“fees”) por cada gestión realizada por la agencia adjudicataria:
- 600 pasajes aéreos nacionales: comisión total de $45.738.000 (unos $76.230 por trámite.
- 200 pasajes aéreos internacionales: comisión total de $18.295.200 ($91.476 por trámite.
- 300 pasajes de ómnibus o trenes: comisión total de $7.623.000 ($25.410 cada uno.
- 200 trámites de asistencia al viajero: comisión total de $7.623.000 ($38.115 por gestión.
En otras palabras, además del costo de los boletos y seguros, el Estado debe pagar a la agencia cargos adicionales por cada pasaje emitido, modificado o anulado.
La empresa ganadora y la polémica por precios
La licitación tuvo dos oferentes:
- Sudameria Incoming Solutions SRL, finalmente adjudicataria.
- ITS International Travel Services SA, que había presentado una oferta por $614,9 millones, casi $34 millones más baratos que la ganadora.
El dictamen de evaluación, fechado el 6 de agosto de 2025, otorgó 90 puntos a Sudameria y 80 a ITS, inclinando la balanza a favor de la primera. No se presentaron impugnaciones.
Lo llamativo es que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó mediante la Nota NO-2025-80761008 que no pudo determinar un precio testigo de referencia. En estos casos, la ausencia de un valor de control dificulta la comparación con el mercado y eleva el riesgo de sobrepreprecios.
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