“La mayor parte de las familias trabajadoras de clase media han tenido paritarias por debajo del 30% en lo que fue el 2020 y en muchos casos, falta de ingresos por ser monotributistas o trabajadores independientes y pérdida de empleos, teniendo en todos los casos una pérdida real del salario. Los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron bancos estatales en su mayoría. Somos el resultado de una decisión política. El estado tiene la responsabilidad, por lo anteriormente hecho y la obligación, de proteger al ciudadano ante cláusulas abusivas y la usura desmedida, para que podamos afrontar nuestro compromiso de pago”, añadieron.
Y recordaron que “durante la campaña electoral, el Frente de Todos, consideraba que nuestra lucha era genuina y justa. Hoy parece alejarse de esas promulgaciones y peor aún, nos desamparan frente a los bancos, como si estuviéramos en igualdad de condiciones, como si a las entidades y el Estado no fuera responsable de garantizar nuestros derechos”.
Y por último, reclaman:
a) Exigimos congelamiento del valor UVA, que frene la deuda usuraria, hasta que se establezca un nuevo mecanismo que repercuta en el equilibrio de las cuotas y la deuda, ambos actualizados diariamente
b) Reestructuración de la deuda, para obtener una cuota justa, coherente, y asequible en el tiempo.
c) Suspensión de las ejecuciones hipotecarias
d) Prohibición de la securitización de los créditos.
