El caso comenzó en 2020 cuando la misma justicia solicitó que se investigue si el gobierno de Mauricio Macri "compró" con el pago de un hotel boutique la confesión de Vandenbroele, sindicado como el testaferro de Boudou y arrepentido del caso Ciccone.
El pedido para que se investigue fue realizado por el juez Ariel Lijo, el mismo del caso Ciccone, basado en la publicación periodística El Destape que reveló detalles reservados del expediente de Vandenbroele como integrante del programa de testigos protegidos del ministerio de Justicia.
La publicación incluía documentación según la cual Vandenbroele habría pedido 1,5 millón de pesos al Programa para financiar la compra de un hotel boutique en Mendoza, y afirmaba que el arrepentido habría recibido al menos parte del dinero que requirió.
Otra irregularidad que denuncia la fiscalía es que se infringieron las normas del Programa de Protección cuando Vandenbroele se ausentó de su casa y le dijo a su custodia que tenía permitido irse solo y no era así. Ochoa sostuvo que sólo por eso el arrepentido debió haber sido expulsado del programa y no se hizo.
En un requerimiento para que se indague a Garavano, a Vandenbroele y a Lagos, la fiscal sostuvo que se destinaron “importantes sumas de dinero sin la debida justificación; todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”.
Vandenbroele fue el monotributista que resultó la cara visible de la compra de la quebrada imprenta Ciccone Calcográfica, a través de la firma The Old Fund. Por esa causa, fueron condenados a prisión el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Nuñez Carmona. También se condenó al empresario Nicolás Ciccone, a un ex funcionario de la AFIP y otro de Economía, y al propio Vandenbroele, que recibió una pena de dos años de prisión.
Boudou fue juzgado en 2018 por haber recibido a través de The Old Fund el 70% de las acciones de la exCiccone como coima a cambio de proveer contratos con el Estado. En ese entonces, el exvice de Cristina Kirchner era ministro de Economía. Boudou fue hallado culpable y condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva, en un fallo que fue confirmado por la Corte Suprema.
