En el mismo tono, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció un incremento exponencial de la violencia urbana que ha encendido una preocupación importante dentro del Centro Cívico. “La situación está muy violenta, la gente está muy violenta contra la autoridad policial y el gobernador claramente lo que ha planteado es que quiere penas más duras para los delitos que se cometen contra los policías porque no vamos a permitir que el uniforme policial no sea respetado en la calle”, subrayó en diálogo con El Doce.
Dentro de su discurso, Llaryora interpeló a jueces y fiscales a acudir a las penas máximas posibles para casos de agresión a policías. Aunque el cambio de fondo reclamado es legislativo y compete al Congreso, donde existe capacidad de cambiar el Código Penal, donde se prevén las sanciones correspondientes.
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Llaryora pide más dureza en las penas.
La seguridad, materia clave
Para la administración de Llaryora, la seguridad ha pasado al top de prioridades de cara a los próximos desafíos electorales. En ese orden, el Centro Cívico se ha enfocado en reformular antiguas políticas de gestión, renovando infraestructura, capital humano y estrategias de prevención del delito, como así también la gestión penitenciaria.
Al respecto, el manejo de la seguridad ha sido uno de los puntos de críticas tanto de la oposición como del electorado en general, siendo este último víctima del aumento de la actividad delictiva que se registró en los últimos años.
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