Capuchetti ordenó entonces enviar el celular a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con la esperanza de obtener mejores resultados. Pero el traslado hasta la sede en Ezeiza estuvo lejos de ser regular. Los peritos de la PSA y el exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustad, relataron que el sobre que contenía el teléfono llegó abierto y que el dispositivo estaba encendido, con un mensaje de advertencia en pantalla. Cuando intentaron manipularlo, el celular se reseteó de fábrica, eliminando cualquier rastro de información útil.
Negligencia o suerte de la banda de los copitos
La jueza María Servini abrió luego una investigación para determinar si hubo responsabilidades penales por la presunta destrucción de la prueba. Aunque procesó a los peritos involucrados, en febrero de 2024 los terminó sobreseyendo por falta de pruebas que permitieran establecer cómo se produjo el reinicio del equipo.
Tras meses de inactividad, recién en noviembre de 2024 se ordenó un nuevo intento de peritaje a pedido de la fiscal Gabriela Baigún. La DATIP trabajó con un celular similar y concluyó que era posible acceder al contenido, aunque existía el riesgo de dañar el equipo original. A pesar de varios intentos en febrero y marzo de 2025, el acceso al contenido volvió a fracasar.
El informe técnico final fue categórico: ninguno de los métodos aplicados logró extraer información útil del celular.
El pedido de la querella
A esto se suma una controversia no resuelta: ¿quién entregó el sobre abierto? El foco está puesto sobre una integrante de la custodia judicial (Policía Federal), cuyo testimonio ante la justicia difiere del de los peritos de la PSA. La querella pidió que se la investigue por presunto falso testimonio, aunque el tribunal decidió postergar cualquier decisión hasta la finalización del juicio.
“El celular llegó abierto y encendido, eso ya está probado”, dijo una fuente judicial al portal TN. Sin embargo, las razones de esa situación aún no se esclarecieron: si fue un accidente, una negligencia o una acción deliberada.
Recordemos que en el banquillo de los acusados por el intengo te magnicidio de CFK, están acusados los jóvenes Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, identificados como “la banda de los copitos”. Se les acusa de “homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”. Sabag Montiel como autor, Uriarte como coautora y Carrizo como partícipe secundario.
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