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Mayo oscuro para afiliados: Cambio de juzgado ralentiza reembolsos en prepagas

Cambio de juzgado demora la devolución de aumentos en prepagas. ¿Qué sigue para los afiliados en espera?

En el contexto de la confrontación entre las autoridades gubernamentales y las prepagas, el Poder Ejecutivo reafirmó su posición respecto a la necesidad de que las entidades reviertan los incrementos tarifarios a los niveles de diciembre 2023 y reembolsen los montos cobrados por encima de los índices inflacionarios.

La cuestión radica en que Mercedes Maquieira, la magistrada a cargo del caso ha determinado transferir la causa a otro juzgado, lo cual inevitablemente podría retrasar las resoluciones judiciales en el asunto que les ordena a las empresas restituir los aumentos a los afiliados.

Es importante tener en cuenta que, las prepagas habían aplicado aumentos superiores al índice de precios promedio, dado que la inflación acumulada entre diciembre y marzo alcanzó el 90 por ciento, mientras que las tarifas experimentaron un incremento que superó el 150 por ciento.

El caso contra las prepagas da un giro al cambiar de juzgado

En las últimas horas, la jueza del ámbito civil y comercial federal, argumentó que, la Superintendencia de Seguros de Salud obró en representación de los asociados, y derivó el litigio hacia un procedimiento colectivo impulsado por numerosos ciudadanos en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia difundido por Javier Milei.

El Ejecutivo, buscaba que, en el contexto de un recurso de amparo dirigido contra 16 entidades de medicina prepaga, se dictaminara con carácter urgente, la revocación de "los aumentos desmedidos en las cuotas”, y que solo se autorizara un posible ajuste de acuerdo a un índice determinado por el tribunal.

Fue así que, la magistrada solicitó posteriormente a la fiscalía que expresara su parecer acerca de la jurisdicción correspondiente en el asunto. Escenario que le propició al fiscal Rafael Espínola la oportunidad de prevenir que el “análisis de tales aspectos involucra, sin margen de duda, una evaluación por parte de V.S. de los alcances de la acción en trato, definiendo si la misma encuadra o no como proceso colectivo”.

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Teniendo en cuenta esto, la jueza Maquiera afirmó que "queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal”.

Al mismo tiempo que continuó diciendo: “la Superintendencia de Servicios de Salud no reclama en función de un derecho que le es propio, sino para tutelar los de los millones de afiliados a las empresas demandadas, que componen aproximadamente el 94,66% del padrón de usuarios del sistema de salud".

“Debe tenerse en cuenta también que los bienes que se encuentran involucrados en el litigio revisten un claro carácter colectivo”, agregó. A la par que señaló que dentro de la presentación del Ejecutivo se alude a que la conducta de las demandadas "Viola constitucionalmente el derecho a la salud".

En virtud de esto, y respaldándose en precedentes de la Corte Suprema, la magistrada manifestó que la demanda instigada por el Gobierno se considera como un participante adicional en el proceso colectivo.

Mientras que, por su parte, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, comunicó, que el próximo jueves 02/05 revelará el método que las empresas de medicina prepaga deberán seguir para ajustar sus tarifas en adelante.

“El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado", expresó el ministro en su cuenta de X en respuesta al comentario hecho por un usuario.

"Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”, cerró.

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