Para Llaryora y Schiaretti, la negociación por el apoyo al DNU es un paso que podría sellar el destino de la gestión entrante a nivel provincial. Un soporte incondicional sobre medidas nunca antes vistas sería una apuesta por demás arriesgada, además de una eyección directa de las posibilidades de discutir el poder del PJ a nivel nacional.
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Por otra parte, transformarse en un obstáculo para el Gobierno nacional tampoco sería opción. Sobre todo porque Córdoba, por primera vez en años, logró depositar funcionarios en cargos clave como Anses (Osvlado Giordano), Banco Nación (Daniel Tillard) o la Secretaría de Transporte (Franco Mogetta), entre otros.
En medio de esa disyuntiva se extiende el examen que Llaryora y Schiaretti dispusieron hacer sobre el DNU. Y también se estiraría el desvelo en el oficialismo para saber si contarán o no con el apoyo del cordobesismo en el Congreso.
Poder de fuego
Cabe recordar que “el partido cordobés” cuenta con al menos ocho bancas en la Cámara baja luego de la aventura presidencial de Schiaretti. Se trata del bloque Hacemos por Nuestro País, que en Diputados es presidido por Ignacio García Aresca, y conformado por Carlos Gutiérrez, Juan Brugge, Florencio Randazzo, Natalia de la Sota, Alejandra Torres, Mónica Fein y Esteban Paulón.
Entre todos esos nombres, el acuerdo sobre el DNU no es unánime. De hecho, algunas de las voces de Hacemos por Nuestro País han expresado descontento con las reformas introducidas por Milei (De la Sota), mientras que otras se han alineado al silencio de Llaryora y Schiaretti.
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En el pasado, y ante casos similares donde los intereses por la salida o no de una norma chocaban dentro del espacio cordobesista, los legisladores apuntaron a la abstención como una medida de no obstaculizar la salida de leyes. E incluso sobre partes puntuales de distintas normas.
Todo ese capital es anhelado por el oficialismo, desde donde recuerdan los nombramientos de cordobeses en áreas clave. Algo que, sin dudas, será el contrapeso en una futura negociación legislativa.
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