Un delito autónomo y sin necesidad de daño físico
En ese sentido, el proyecto introduce una figura penal autónoma que no requiere que el agente haya resultado herido o asesinado para aplicar la pena máxima.
“Bastará la acreditación del acto de disparo con dirección al efectivo”, indica el artículo 3º.
Esta redacción implica un endurecimiento considerable del castigo frente a este tipo de hechos, con independencia de otras calificaciones penales que pudieran corresponder.
La iniciativa considera como fuerzas de seguridad no solo a los cuerpos federales como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino también a todas las policías y servicios penitenciarios provinciales.
Proteger a las fuerzas de seguridad
En los fundamentos del proyecto, Chumpitaz advierte sobre un “alarmante aumento de la violencia contra el personal de seguridad”, que, según argumenta, no solo implica un riesgo para los individuos, sino que constituye un “ataque directo al Estado y a la paz social”.
El legislador cuestiona lo que describe como una “erosión de la legitimidad de la autoridad policial” y apunta contra sectores políticos, en particular el kirchnerismo y la izquierda, por promover un “discurso que demoniza a las fuerzas de seguridad”.
Según su visión, esa narrativa habría alimentado un clima de impunidad que justifica una respuesta legal más severa.
Comparaciones internacionales
El proyecto también incluye referencias a normativas similares en países como Estados Unidos, Francia y España, donde existen figuras penales agravadas cuando se atenta contra fuerzas de seguridad. Chumpitaz cita casos en los que incluso la tentativa de homicidio puede recibir penas equivalentes al asesinato consumado.
En esa línea, el legislador sostiene que su propuesta no es “una sanción simbólica ni demagogia punitiva”, sino una herramienta “concreta y necesaria” frente al avance del crimen organizado y el uso cada vez más frecuente de armas contra las fuerzas del orden.
De avanzar en comisiones, el proyecto abrirá un nuevo frente de debate entre oficialismo y oposición. Mientras desde sectores afines al oficialismo se impulsa una agenda de mano dura y respaldo absoluto a las fuerzas de seguridad, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho penal podrían advertir sobre los riesgos de vulnerar principios constitucionales como el de proporcionalidad y la presunción de inocencia.
El proyecto completo a continuación:
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