Se trata de la causa conocida mediáticamente como Vialidad, que llegó al máximo tribunal por tres cuestiones planteadas por Carlos Beraldi, abogado de CFK.
Según el repaso de Página12, los imputados argumentan que todo ya fue investigado por la Justicia de Santa Cruz, que es la competente, y se concluyó que no hubo delito.
A su vez, el reclamo K tiene que ver con la "negativa del Tribunal Oral a la realización del 80% de las pruebas pedidas por las defensas, incluyendo la más elemental de todas: un peritaje sobre el conjunto de las obras. Al final, ya empezado el juicio, se hicieron peritajes sobre cinco de las 51 obras cuestionadas".
Por último, Beraldi avanzó en su recurso a la CSJN porque intervino la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes de Mauricio Macri, cuando según él debía intervenir la Sala I.
Confiada por un eventual fallo a favor, CFK ya no denuncia lawfare.
En este marco, la Casa Rosada también mira con atención la actitud del Palacio de Tribunales por la reducción de fondos a la Capital Federal del 3,5% al 2,3% que recibe para seguridad y que Mauricio Macri había triplicado por decreto en 2016 con el argumento del traspaso de la Policía Federal. La Ciudad de Buenos Aires objeta tanto el decreto 735/20 de Alberto Fernández que dispuso ese recorte como la ley que le siguió, la 27.606, que fijó un monto de 24.500 millones de pesos anuales (por servicios de seguridad no federales) pero estipuló la apertura de una negociación --que no se concretó-- en un plazo de 60 días para acordar un monto.
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