Ambos movimiento se registraron luego de que el Gobierno relativizara las revelaciones del diario La Nación sobre Vázquez, un protegido del asesor Santiago Caputo, y afirmara -erróneamente- que el jefe de la DGI ya había sido sobreseído en esa causa.
La denuncia se funda en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en el diario La Nación que reveló que Vázquez compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en USA por más de US$ 2 millones que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
"Vázquez declaró ante la Oficina Anticorrupción, ser dueño de 10 inmuebles en la Argentina, provenientes de origen propios, donaciones y herencia. Ser poseedor de un ahorro de 10 millones en efectivo y tres cuentas bancarias en EE UU por USS 2,100 millones. Guardó silencio sobre sociedades caribeñas e inmuebles en EE UU; violando así la Ley de Etica pública (arts 2, 6, 38 y 39)", dice el texto.
Elisa Carrió, jefa política de los diputados denunciantes, había cuestionado con dureza a Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.
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