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Juicio por YPF: El Gobierno de Milei insiste en no mostrar correos y mensajes de funcionarios

La Argentina solicitó a la juez Loretta Preska que revea el fallo que obliga al país a mostrar mensajes y correos de funcionarios públicos relacionadas con YPF.

Argentina le pidió a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere el fallo que obliga al país a entregar las comunicaciones electrónicas de funcionarios nacionales relacionadas con el caso YPF.

Incluso, en caso de una negativa por parte de la magistrada es posible que Argentina avance en una apelación de la medida. Así lo reveló el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que a mediados del mes pasado, Loretta Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes del Gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández.

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Los documentos difundidos por el especialista en el caso YPF, Sebastián Maril.

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El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como 'YPF', 'Aerolíneas Argentinas', entre otras.

El objetivo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como "alter ego" del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.

Lo había precisado Sebastián Maril: el principal beneficiario del fallo busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, es decir, activos argentinos susceptibles a ser embargados Lo había precisado Sebastián Maril: el principal beneficiario del fallo busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, es decir, activos argentinos susceptibles a ser embargados

La argumentación en contra de la medida

La argumentación argentina, en tanto, se basa en que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en "posesión, custodia o control" del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.

El escrito también sostiene que según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.

La segunda moción solicita reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se solicita que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”, se agregó.

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