De este modo, el Gobierno pretende que sea el Congreso el que defina cómo incrementar los recursos para financiar estas normas, mediante el Presupuesto 2026 De este modo, el Gobierno pretende que sea el Congreso el que defina cómo incrementar los recursos para financiar estas normas, mediante el Presupuesto 2026
Pero como se sabe, este gobierno se negó a tener el Presupuesto aprobado para los años 2024 y 2025, razón por la cual ha venido modificando el Presupuesto 2023 mediante decretos y decisiones administrativas. Lo hizo en quince oportunidades. Y todavía es posible que se decida prorrogarlo una vez más.
Por ello, no quedan dudas de los motivos de Javier Milei para no poner en marcha las dos leyes no resulta más que un capricho o la misma insensibilidad que caracteriza a este gobierno.
Las leyes
Mediante el Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente, que busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y actualizar los salarios del personal docente y no docente, así como los programas de becas estudiantiles.
La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa "Desarrollo de la Educación Superior" para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.
Según los cálculos oficiales, la ejecución total de la ley tendría un costo de aproximadamente $1,07 billones en 2025, considerando la recomposición de salarios y becas. Para 2026, se estima que la ley demandará más de $2 billones.
Pero la aplicación de la ley quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley N° 24.629 sobre ejecución del gasto público. La Procuración del Tesoro destacó que cualquier intento de ejecutar la norma sin esos recursos sería incompatible con la ley y podría generar responsabilidad funcional.
En tanto, mediante el Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año.
La norma busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud infantil, asegurar el funcionamiento de los hospitales pediátricos, reforzar los sistemas de residencias médicas y recomponer los salarios del personal sanitario, incluyendo incentivos y exenciones fiscales para quienes trabajen en actividades críticas. Además, declara al Hospital de Pediatría 'Prof. Dr. Juan P. Garrahan' como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad.
La ley contempla un costo fiscal estimado de $196.270 millones, y establece que los recursos provendrán de la reasignación de partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Sin embargo, el decreto advierte que esta asignación no constituye una fuente de financiamiento concreta ni suficiente, y que actualmente el Ministerio presenta un déficit de $102.400 millones. Implementar la norma sin fuentes claras implicaría desfinanciar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o los programas de prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual.
Por ello, y en aplicación también del artículo 5° de la Ley N° 24.629, el Ejecutivo aclara que la ley queda suspendida hasta que el Congreso determine fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el presupuesto nacional.
El decreto también cuestiona que la norma pretenda derogar la Resolución N° 2109/25 del Ministerio de Salud, ya que esto implicaría una intromisión del Congreso en facultades del Poder Ejecutivo, violando la división de poderes.
Paro
Este lunes, médicos del Garrahan y miembros de las universidades habían marchado en reclamo a la promulgación de las leyes y acusado que los anuncios de su aplicación habían sido "solo promesas de campaña".
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para hoy a un paro en el Hospital Garrahan y a una concentración en Plaza de Mayo con sectores de discapacidad y estudiantes universitarios, en reclamo por la aplicación de las tres leyes. De la protesta también participará la Asociación Gremial Docente, el gremio docente minoritario de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En paralelo, Fedun –la federación que agrupa a los docentes universitarios– y Fatun –que representa al personal no docente– anunciaron un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Mientras tanto, algunos legisladores y rectores ya se preparan para trasladar la disputa al terreno judicial.
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