Como es de público conocimiento, el presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, puso a consideración un Decreto de Necesidad y Urgencia, que convulsionó a todo el arco político. Pues, en esta última semana del año repasaremos la letra y el espíritu que la trasciende.
El decreto de necesidad y urgencia es una herramienta que brinda la Constitución Nacional. La Carta Magna resalta que este DNU le prohíbe al jefe de Estado tratar temas en la materia penal, tributaria, electoral o sobre partidos políticos. Este tipo normativa connfigura una herramienta legislativa, como otras que se hallan establecidas en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional luego de la reforma del 1994. El DNU le permite al Presidente legislar en situaciones excepcionales.También puede ser rechazado por el Congreso a través del voto mayoritario en ambas cámaras. En caso de que sólo una de las dos cámaras lo apruebe el DNU es válido.
El instrumento aflora en competencia cuando el Presidente de la Nación considera que se necesitan tomar medidas rápidas para tratar temas de urgencia que no pueden demorar y pasar por todo el proceso legislativo habitual. Aún así, el artículo 99 de la Constitución prohíbe que el Presidente tenga intervención en cuatro casos: en normas que regulan la materia penal, cuando son temas relacionados a lo tributario, cuando hay regulaciones en el material electoral o cuando hay régimen de los partidos políticos.
"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.", explica el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Habiendo recordado la sustancia y fundamento de la norma en lo positivo, realicemos un análisis del espíritu de este DNU, en particular, cuál es su propósito, qué mecanismos políticos promete activar y qué transcendencia, vigencia y efectitivización sobre él se preven.
Hasta la fecha, ningún gobierno el Congreso le volteó un decreto de necesidad y urgencia. Pero estamos hablando de gestiones que tuvieron mayorías al menos en una de las dos cámaras; en el caso de Cambiemos, varias veces estuvo cerca de romper ese invicto. Nada indica que a Milei le vaya a ir mejor en esa materia.
El DNU primigenio contenía 140 modificaciones de leyes y decretos, con 170 medidas agrupadas en 22 capítulos que involucraban las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Previsiblemente ese decreto de necesidad y urgencia encontró múltiples resistencias de parte de la oposición de entonces.
El radicalismo es clave, y el flamante presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, ha manifestado su desacuerdo con el decreto. Reclama, como el resto de su partido, “una ley espejo”. Lousteau es además senador nacional. No están alineados con él todos los senadores de su bancada, pero ya adelantaron que lo que decidan será en bloque. Y la postura adelantada mayoritariamente es opuesta a aceptar que el presidente se arrogue la posibilidad de legislar.
Sin el radicalismo, ni la Coalición Cívica, ni los diputados de Cambio Federal, ni tampoco los de Innovación Federal, el decreto no tiene chances de salir en Diputados. Tampoco en el Senado, donde los senadores Camau Espínola y Edgardo Kueider, ya expresaron su rechazo al DNU. Y eso sin contar al radicalismo, que también se pronunciaría en contra.
Lo más probable es entonces que el oficialismo busque dilatar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia in eternum. Ya quedó claro que su disposición no es tratar el tema en extraordinarias, al no incluir el presidente su tratamiento para las extraordinarias convocadas el viernes pasado.
El recorrido que le espera a este decreto de necesidad y urgencia comienza por la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es donde se analizan este tipo de iniciativas a su llegada al Congreso, publica con denuedo "El parlamentario".
El tema es que la misma no ha sido constituida aún, y si bien desde fuentes oficiales se había adelantado que el armado de la misma era “inminente”, el tema sigue en veremos. Fuentes parlamentarias consultadas por parlamentario.com aclararon este jueves que no pueden “informar sobre plazos”, y que no se está trabajando solo en base al DNU.
Lo cierto es que la conformación de la bicameral es el primer escollo que debe sortear el oficialismo, pues hay una encarnizada discusión en la materia con Unión por la Patria, que reclama tener en la misma 4 diputados y 4 senadores. En ambos casos hay una discusión aritmética. La Ley 26.122, que rige el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia establece que la bicameral debe estar integrada por 8 integrantes designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
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