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Importaciones de ropa frenada: El problema que trae la ropa usada de afuera

El Gobierno apuesta a ordenar una operatoria que creció sin control, mientras intenta equilibrar la industria local frente a las importaciones.

El Gobierno decidió meter mano en una operatoria que venía creciendo a velocidad de vértigo y que ya había encendido varias alarmas puertas adentro del Estado. Las importaciones de ropa usada enfrentarán nuevos controles aduaneros, con requisitos adicionales que apuntan a restringir fuertemente el ingreso de este tipo de mercadería, aunque sin llegar a una prohibición formal.

La medida comenzó a tomar forma luego de que se conociera que, en los primeros ocho meses del año, las importaciones de ropa usada se multiplicaron por 40 en comparación con todo 2024. Ese dato funcionó como disparador de una serie de reuniones internas, consultas técnicas y reclamos del sector textil, que finalmente derivaron en una decisión concreta por parte del Ejecutivo.

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Más controles en las importaciones: Qué cambia a partir de ahora

Según una comunicación interna de la Aduana, a la que accedieron fuentes oficiales, a partir de ahora se exigirá un nuevo documento obligatorio denominado AUTO-ROPA-USADA. Este requisito deberá presentarse al momento de registrar las destinaciones aduaneras correspondientes a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, que abarcan ropa usada y otros artículos similares.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca evaluar de manera más exhaustiva los impactos ambientales y sanitarios que podrían generar estas importaciones. En los papeles, no se trata de una prohibición, pero en la práctica introduce un filtro que complejiza el trámite y desalienta la operatoria.

“Es una forma de frenar la escalada sin ir contra el discurso de apertura comercial”, reconoció una fuente con amplio conocimiento del sistema aduanero.

Por qué las importaciones de ropa usada generan preocupación

El endurecimiento de los controles no surgió de la nada. Antes de la decisión, el Ministerio de Salud emitió una advertencia formal sobre los riesgos sanitarios asociados a la importación de ropa usada. En el documento se señala que este tipo de mercadería puede representar un riesgo para la salud pública, con especial impacto en poblaciones vulnerables como bebés, niños, personas mayores y pacientes inmunocomprometidos.

El nuevo formulario se sumará al certificado de desinfección que ya se exigía hasta ahora. Sin embargo, desde el propio Gobierno admiten que la combinación de requisitos apunta a reducir drásticamente el volumen de ingreso. “Cuando se agregan trámites complejos, el efecto es inmediato”, explicó un funcionario que participó del armado de la normativa.

Importaciones, ropa y el origen de la mercadería

Gran parte de la ropa usada que llega a la Argentina proviene de Estados Unidos. En ese país, las restricciones ambientales y el alto costo de incineración impulsan la exportación de prendas descartadas. Una vez en destino, la mercadería se agrupa en fardos de entre 25 y 50 kilos, clasificados por tipo de prenda o incluso por marcas, y se comercializa principalmente a través de redes sociales.

El problema, advierten los industriales, es que una porción significativa de esa ropa no está en condiciones de uso. El caso del desierto de Atacama, en Chile, funciona como ejemplo extremo. Ahí se descarta cerca del 40% de la mercadería importada, generando un pasivo ambiental de gran magnitud.

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Importaciones y la presión del sector textil

Tras la difusión pública del crecimiento exponencial de esta operatoria, cámaras empresariales del sector textil e indumentaria elevaron reclamos formales a la Secretaría de Coordinación de Producción. El pedido fue revisar el ingreso de ropa usada tras la fuerte crisis industrial.

Según el Indec, en octubre las fábricas textiles trabajaron apenas al 33% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de toda la industria. A eso se suma una caída sostenida del consumo interno y un escenario de competencia desigual frente a productos importados.

El último informe de la Fundación Protejer muestra que, desde noviembre de 2023, el empleo registrado en textiles, confecciones, cuero y calzado cayó un 12%, con la pérdida de 14.000 puestos de trabajo.

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