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Córdoba va por el narcotest (Martín Llaryora).
En concreto, el peronismo viene impulsando la posibilidad de reglamentar la necesidad de hacer un narcotest a todos aquellos que se conviertan en funcionarios públicos de la Municipalidad de Córdoba, y así poder cortar de raíz la presencia narco en ese nivel del Estado. Según el oficialismo, la drogadicción de un funcionario representan líneas de conexión indeseadas entre quienes rompen la ley y quienes deben hacerla cumplir.
“Me parece fundamental que los funcionarios que deben pensar la seguridad, que deben coordinar con la Policía, que deben diseñar políticas contra el narcotráfico, no tengan problemas de consumo, porque si están en el consumo de cocaína, tienen que ir a comprarle a un narcodelincuente”, indicó Llaryora. Claro, desde la oposición leen la movida como un acto de “campaña sucia”.
El pedido de Martín Llaryora para la normativa municipal coincide con un momento de la campaña donde Juntos por el Cambio todavía no definió quién será el candidato a intendente. Ello a diferencia del oficialismo, quien ya puso al viceintendente Daniel Passerini como candidato.
Los rumores de consumo por parte de ciertos dirigentes opositores alimentaron la idea de que podría tratarse de una medida electoral, más que de una política sanitaria. No obstante, los rumores respecto a la potencial adicción de dirigentes opositores nunca fueron más allá de un mito urbano en Córdoba.
“Esto no significa una estigmatización de nadie. Aquel que consume está transitando una enfermedad y debe tratarse. Como Municipalidad hemos hechos dos centros de acompañamiento y rehabilitación, los primeros que hizo el municipio para ayudar a los adictos a salir de ese infierno. Ahora bien, los propios funcionarios no pueden estar en un proceso de consumo de drogas ilegales”, explicó Llaryora, intentando desmarcarse de la presunta “campaña sucia”.
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