Asimismo, se solicita que se le otorgue al gobierno facultades para durante ese tiempo determinar el régimen tarifario del servicio público, en paralelo que insta al propio Poder a crear una propuesta de nuevo marco regulatorio antes de que concluya el estado de emergencia.
En ese sentido, la declaración de emergencia de la empresa pretende someter a discusión la situación integral de la misma. Por ende, su cuadro financiero, su planta de personal y hasta si la actual figura jurídica de la firma (sociedad anónima) es la adecuada para la coyuntura.
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Situación compleja ante un contexto aún más crítico.
Proyecto en marcha
Dentro del texto enviado a la Legislatura se exige declarar, hasta el 31 de diciembre, "en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Assa en el ámbito de la provincia".
Como fundamento se argumenta que es "para atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Assa, de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad".
En otro artículo, se eleva el pedido de facultar "al Poder Ejecutivo durante el período de la emergencia a determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el artículo 30 de la Ley N° 11220".
Posteriormente, agrega con fines de que el Ejecutivo "podrá elaborar las definiciones específicas, fijar los valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna".
Por su parte, se solicita autorizar al Poder Ejecutivo a definir "la estructura, procedimiento y régimen tarifario aplicable a la provisión de agua, a través del sistema de acueductos, a los titulares del servicio público de provisión de agua potable de las localidades alcanzadas la traza del programa 'Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe'".
Para finalizar, se aclara que antes de concluir la emergencia "el Poder Ejecutivo deberá elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento".
Ley de servicios sanitarios
Sobre este tópico, la diputada del peronismo, Lucila De Ponti, impulsa una modernización del sistema de servicios sanitarios provinciales bajo la finalidad de que el Estado Provincial garantice el acceso al agua y saneamiento en todo el territorio de manera universal, sustentable y con las obras e infraestructura que se requieren. Hoy en día, el servicio de acceso al agua potable y al saneamiento es prestado por Assa, creada en 2006 y cuyo plazo de existencia vence en enero del 2026.
"El plazo de existencia de Assa estaba por terminar y la legislación vigente quedó vieja, por eso tenemos que sancionar una nueva ley que define la modalidad de prestación y los objetivos globales del sistema incorporando por ejemplo la gestión de los acueductos y la preservación del recurso natural", consideró De Ponti.
Para agregar a sus declaraciones, remarcó: "No podemos pensar en una Santa Fe mejor si todavía hay gente que tiene que caminar kilómetros para acceder a un balde de agua, que siguen teniendo baños sin desagües y barrios enteros sin cloacas". Según ella, la iniciativa permite "la materialización del acceso universal al agua y a los servicios sanitarios, protegiendo y preservando al mismo tiempo los recursos naturales de todo el territorio y estableciendo una estructura tarifaria razonable que permita la sustentabilidad a lo largo del tiempo”.
Entre los detalles de la nueva normativa se destaca la figura del Estado Provincial como responsable de los servicios sanitarios, las formas y modalidades de prestación para empresas, el acceso universal para los usuarios y los mecanismos de control y participación ciudadana para garantizar su funcionamiento.
También se crea el Ente de los Servicios Sanitarios (ENSES) como autoridad de control y regulación de la prestación del servicio, organismo encargado además de la planificación de las políticas públicas, brindar asistencia técnica y evaluar la correcta estructura tarifaria.
"Santa Fe es una de las principales provincias del país por su volumen de producción, por su población y por su potencialidad. Podemos ser el puente para que otras provincias accedan al agua potable de calidad, pero para eso tenemos que hacernos cargo de invertir en la infraestructura necesaria, garantizando primero los derechos de los santafesinos", concluyó.
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