Luciani dijo que se juzga "la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país".
"El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por Cristina Kirchner como jefa", añadió el fiscal.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
Horas antes, Cristina Kirchner había sorprendido al anunciar que pedirá ampliar su declaración indagatoria mañana en la causa por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
“Producto de sobreprecios, de la cartelización de las obras públicas y el abandono intempestivo de las se ocasionó un monumental perjuicio al Estado”, dijo Mola.
El perjuicio al Estado fue de $5.321 millones El perjuicio al Estado fue de $5.321 millones
El fiscal hizo hincapié, además, en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que es un sistema que utiliza Vialidad y al que los fiscales lo definieron como “poco confiable, aunque es la fuente de indagación natural” de los datos obtenidos. “Vamos a solicitar testimonios de otras personas que no se encuentran imputadas”, dijo el fiscal, al referirse a la poca transferencia en los procesos de adjudicación y control de las obras.
“El perjuicio patrimonial es enorme. Todo lo invertido por el Estado en las obras abandonadas debe ser considerado perjuicio. Estamos hablando de un perjuicio que ascendió a $3.571 millones. Más de US$539 millones es lo que se dilapidó”, precisó Mola sobre las obras abandonadas por las constructoras de Lázaro Báez.
Cristina Kirchner realizó su declaración indagatoria en este juicio el 2 de diciembre de 2019, fue la última de los 13 imputados en cumplir con esta instancia ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El resto de los imputados
El fiscal pidió penas para el resto de los acusados:
- 12 años de prisión para Lázaro Báez
- 10 años de prisión para Julio De Vido
- 10 años de prisión para José López
- 10 años de prisión para Nelson Periotti
- 6 años de prisión para Mauricio Collareda
- 6 años de prisión para Juan Carlos Villafañe
- 5 años de prisión para Raúl Osvaldo Daurich
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