En ese sentido, el documento consensuado por los distintos legisladores estableció que "la norma sancionada por el Congreso de la Nación constituye una herramienta urgente y necesaria para garantizar derechos, sostener programas, y reforzar políticas públicas esenciales destinadas a las personas con discapacidad y a sus familias".
"Su veto implica un retroceso inaceptable en materia de inclusión, igualdad de oportunidades y protección social".
Posteriormente, coincidieron en restituir la vigencia de la Declaración de Emergencia en Discapacidad, "entendiendo que la misma busca responder a la realidad crítica actual, donde la dificultad para acceder a las prestaciones básicas de salud, educación, transporte y acompañamiento terapéutico y a su vez la crisis económica y social profundiza la vulnerabilidad de este sector de la población".
Contra el veto de Javier Milei
Al respecto, Tepp explicó que el objetivo es "abordar la crisis que vive el sector, acompañar la emergencia nacional y solicitar al Congreso que rechace el veto, tal como piden los colectivos de Rosario". Sobre esa línea, recordó que en la audiencia pública del 27 de junio, familiares, profesionales y representantes de instituciones plantearon medidas concretas que podrían aplicarse a nivel local y provincial.
Entre las propuestas discutidas, se mencionó la eximición temporal del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y el Derecho de Registro e Inspección (Drei) para centros de día, talleres protegidos y espacios de rehabilitación, así como la suspensión de ciertas tasas que afectan al transporte especial.
"Son medidas que no tienen gran impacto en el presupuesto municipal, pero que pueden evitar el cierre de instituciones esenciales para la inclusión social, educativa y laboral", señaló la concejala de Ciudad Futura.
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Luego del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, el Concejo tomó la iniciativa de crear una mesa legislativa que convoque a representantes nacionales y provinciales para abordar la crítica situación en materia de salud, educación y transporte para personas con discapacidad.
Además, se planteó la creación de una franquicia en el transporte urbano para profesionales y trabajadores de instituciones que atienden a personas con discapacidad, una iniciativa impulsada por los ediles Norma López y Mariano Romero.
La convocatoria de este lunes fue aprobada en la sesión del jueves pasado a partir de un proyecto presentado por Tepp y respaldado por la Comisión de Labor Parlamentaria. La intención es que las propuestas lleguen también a la Legislatura provincial, para que se incorporen a la agenda y tengan tratamiento rápido.
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