Por su parte, el proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel Arroyo, busca asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad” a través de medidas urgentes y estructurales.
Entre sus puntos clave, la iniciativa permitirá actualizar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte, financiadas por obras sociales y el sistema de previsión social.
Lo elevado por Arroyo propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional desde su sanción y hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto permitirá modificar leyes y decretos para asegurar derechos fundamentales, garantizar el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, fortalecer a los prestadores de servicios mediante la regularización de deudas tributarias y asegurar la actualización mensual del valor de los aranceles y una compensación arancelaria. Además, se busca garantizar el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y de programas de atención médica e inclusión.
Rosario sale a la calle
Rosario también se hará oír para meter presión. Bajo el lema "¡La crueldad y el abandono no pasarán!", la concentración comenzará a las 11 en la Plaza San Martín e incluirá una pantalla gigante para seguir los discursos de los diputados. La comunidad que se movilizará convoca a manifestarse "por una Argentina que garantice los derechos de las personas con discapacidad".
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La ciudad también se hace oír.
Como análisis, Urrutia anticipó que el sector cuenta con "información precisa" de que la cámara lo va a tratar por lo cual hay grandes expectativas. Sobre esa línea, remarcó la relevancia de la masiva participación en las últimas protestas y las consideró como "un reflejo muy clavo del alcance que tiene la crisis".
"La urgencia de esta ley es innegable: miles de personas con discapacidad enfrentan abandono, falta de acceso a servicios básicos y precarización laboral". "La urgencia de esta ley es innegable: miles de personas con discapacidad enfrentan abandono, falta de acceso a servicios básicos y precarización laboral".
La comunidad se mantiene en alerta, esperando la decisión del Congreso y la respuesta del poder ejecutivo si la ley es aprobada. Por cierto, desde Presidencia comunicaron que si la ley se aprueba, el jefe de Estado la vetará.
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