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La emergencia por discapacidad es cada vez más fuerte y el silencio del Gobierno ensordecedor

Rosario se mantiene alerta ante el profundo deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad. Piden respuestas del Gobierno.

ROSARIO. En la ciudad se multiplican las señales de alerta ante el profundo deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad. La falta de actualización en los aranceles, retrasos en los pagos, la implementación de auditorías excesivas y un silencio por parte del Gobierno están llevando al límite a instituciones, profesionales y familias que dependen de esta red.

Discapacidad en emergencia

El panorama se volvió aún más complejo meses atrás tras la difusión de la resolución 187/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que utilizó terminología como "idiotas" o "débiles mentales", generando un amplio repudio en el sector, del cual Nación se atajó y aclaró que "fue un error".

A esto se sumó una crítica generalizada a los nuevos procesos de control implementados por la administración de Javier Milei, señalados como "asfixiantes" e "imposibles de cumplir" por muchas organizaciones.

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En Rosario vuelven a elevar la voz por el ajuste en el sector.

En este marco, desde Rosario se pidió una audiencia formal con el director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El pedido fue canalizado por la concejala socialista, Verónica Irizar, en conjunto con autoridades del Consejo Municipal de Discapacidad.

El objetivo es poner en agenda la gravedad de la crisis que atraviesan los prestadores, instituciones y personas con discapacidad, y exigir información sobre los procesos de auditoría y los criterios de financiamiento. En ese sentido, Irizar brindó un panorama de lo que está viviendo el sector.

"Estamos frente a una situación crítica. La inflación acumulada entre diciembre de 2022 y mayo de 2025 fue del 668%, mientras que Nación solo actualizó el 340% de los aranceles que cobran los prestadores". "Estamos frente a una situación crítica. La inflación acumulada entre diciembre de 2022 y mayo de 2025 fue del 668%, mientras que Nación solo actualizó el 340% de los aranceles que cobran los prestadores".

Según detalló, esa brecha ha puesto en jaque el funcionamiento de centros de día, servicios de acompañamiento terapéutico y equipos interdisciplinarios, fundamentales para garantizar autonomía e inclusión.

Un pedido clave al Gobierno

Sobre este contexto, desde el Concejo Municipal también se plantea la necesidad de generar mecanismos de cooperación entre el gobierno local y Nación para evitar el colapso del sistema. La preocupación se extiende a las familias, que denuncian el abandono del Estado en el sostenimiento de las prestaciones básicas.

"El sistema eficiente, inclusivo y humano que se fue construyendo durante décadas está en riesgo. Si se siguen desarticulando los vínculos entre instituciones, profesionales y familias, lo que se rompe es mucho más que una prestación: es una red de cuidado que llevó más de 30 años consolidar", concluyeron desde el Consejo.

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Nación sin voz.

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