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Montaje: Urgente24 sobre una foto original de AP.
Un conflicto que nació en diciembre de 2023
El conflicto tiene origen en diciembre de 2023, cuando el Ejecutivo nacional emitió el DNU 70/2023, que modificó aspectos fundamentales de la Ley 25.564, quitando al INYM sus facultades de fijar precios mínimos y realizar tareas de control sobre la cadena productiva de la yerba mate.
Frente a esa situación, los productores acudieron a la Justicia, que en primera instancia suspendió los efectos del decreto en relación al INYM. El fallo ordenó preservar la estructura y funciones del organismo tal como lo establece la ley original, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Dado este escenario, los denunciantes argumentan que el Poder Ejecutivo debía cumplir con la normativa vigente y designar de inmediato a un presidente para el instituto. La falta de acción, advierten, expone al sector a desajustes como la sobreoferta, la especulación de precios y la desprotección de los pequeños productores.
Sin presidente que convoque a las reuniones, el INYM incumple ya por tercer semestre su obligación de fijar los precios de referencia. Y en este escenario los valores pagados a los pequeños yerbateros han descendido estrepitosamente. Actualmente oscilan entre $200 y $305 por kilo de hoja verde, cuando los análisis de costos marcan un piso de $430 Sin presidente que convoque a las reuniones, el INYM incumple ya por tercer semestre su obligación de fijar los precios de referencia. Y en este escenario los valores pagados a los pequeños yerbateros han descendido estrepitosamente. Actualmente oscilan entre $200 y $305 por kilo de hoja verde, cuando los análisis de costos marcan un piso de $430
El expediente que llegaría ahora a Comodorto Py, según cita El Territorio, está caratulado como “Milei, Javier Gerardo s/ incidente de competencia” (FPO 1207/2025/CA1)- y atravesó una disputa de competencia entre el Juzgado Federal de Oberá, donde se radicó inicialmente la denuncia, y la justicia federal de Capital Federal.
La denuncia fue presentada inicialmente ante el Juzgado Federal de Oberá, que se declaró incompetente, señalando que los hechos denunciados ocurrieron en Buenos Aires, sede del Poder Ejecutivo Nacional. La Fiscalía Federal coincidió con este criterio, remarcando que los presuntos delitos (de abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público) deben ser investigados en el lugar donde debió cumplirse la obligación.
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