Dado que Grondona colaboraba con las cooperadoras policiales en el municipio bonarense de Avellaneda desde antes que fundar el Club Atlético Sarandí, desde la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) llevó esa asistencia a su máxima expresión, que ha perdurado.
Fue un procedimiento para
- agradar al poder político,
- simpatizar con una fuerza de seguridad -Grondona entendía mucho de esos temas- y
- quitarse de encima el problema aumentando los costos fijos de los clubes.
Los muy onerosos operativos policiales no lograron evitar la violencia en el fútbol -de hecho en los partidos de La Liga Profesional, los simpatizantes visitantes siguen vedados de los estadios-. Pero le resultan una 'tranquilidad' a los dirigentes, quienes además contratan fuerzas de seguridad privada. Ridículo todo.
De hecho, un hermano del flamante presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, es el copropietario de una eficiente empresa que logró casi el monopolio de la seguridad privada para eventos públicos.
Pero todo esto que se armó con la policía es una mentira porque ni Grondona ni Claudio Tapia hicieron lo correcto: aplicar a rajatabla los protocolos de admisión, y que la Inteligencia Policial actúe en consecuencia. Si esto se hiciera, los operativos serían mínimos y el fútbol volvería a ser una convocatoria familiar pero esto es... Argentina.
El costo
En el caso de lograr que las organizaciones paguen el Operativo de Seguridad -un tema bastante inviable (Patricia Bullrich es una especialista en imposibilidades excepto cuando muere alguien en sus procedimientos) y que terminará en sede judicial- hay otros interrogantes.
Como entretenimento, busquemos respuestas:
- ¿Quién determina la cantidad de efectivos, equipos y móviles necesarios?
- ¿Cuáles son los parámetros de esa estimación?
- ¿Cuáles son los recaudos que deberían garantizar los organizadores y que reducirían el costo programado de una movilización?
Por ejemplo, los organizadores de esta marcha se comprometieron a no provocar violencia y si algo ocurría dijeron que responsabilizaban a Bullrich.
El Estado Nacional decidió no creerles y movilizó una cantidad extraordinaria de recursos. ¿Por qué los organizadores deberían pagar la incredulidad o sospecha del Estado Nacional?
En verdad, la movilización fue un intento mediático de la Administración Javier Milei por generar un acontecimiento político a su favor ante la opinión pública. Por este motivo exageró en la tensión y en la movilización.
En este caso, ¿por qué las organizaciones opositores deberían pagar el costo de la propaganda política de Javier Milei?
Es obvio que Adorni no tendría respuesta para esto.
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