Si bien el tema de los cuidacoches ha sido uno de los debates centrales de la conversación política cordobesa hace varios años, la aceleración de la normativa que busca limitar ambas actividades se produjo luego de un serio incidente en la capital provincial, donde dos cuidacoches abrieron fuego contra un alto mando policial que intentó calmar una riña en un local de comidas rápidas. El uniformado, quien sobrevivió a las heridas del ataque, pasó más de dos semanas en terapia intensiva y desató un fuerte enojo dentro de la fuerza.
A raíz de ello, el bloque legislativo de Hacemos por Córdoba elevó al recinto el mencionado proyecto, que busca dar potestad a cada municipio para poder crear registros de los “naranjitas” y así organizar la actividad. Además, en caso de elegir una no regulación, los municipios quedarán en condiciones de prohibir definitivamente el rol de cuidacoches.
Cuidacoches
Los cuidacoches se convirtieron en un foco de violencia y delito en Córdoba.
El enfoque del proyecto oficial fue el de abrir la posibilidad a cada municipio de decidir hacia dónde conducir el fenómeno. A nivel interno, se evitó elaborar un proyecto de prohibición irrestricta con el objetivo de no criminalizar actividades de subsistencia en un momento económico delicado.
Hasta aquí, el Código de Convivencia de Córdoba contemplaba los cuidacoches desregulados como parte del entorno social. Solamente estaba especificado que el pago debía ser voluntario, algo que en la práctica no se ejecuta con solicitudes de montos exorbitantes, en especial en eventos masivos, donde las “tarifas” por estacionar vehículos en la vía pública puede llegar a los 40.000 pesos.
Dentro de la Legislatura cordobesa, hay al menos cuatro proyectos al respecto. Uno de ellos, elaborado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, apuntó a la erradicación de la actividad de cuidacoches, algo que fue desestimado por el bloque oficialista.
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Córdoba no prohibirá por completo a los "naranjitas".
Foto: Urgente24
Qué pasa en Córdoba capital
Precisamente, los cuestionamientos de la oposición pasan por la posibilidad de empujar una nueva norma de regulación que a nivel práctico sea vulnerable a la cantidad de individuos que se vuelcan a la actividad por iniciativa propia. Algo que ya sucedió en la capital provincial en el pasado, cuando se intentó el registro individual de cada cuidacoche, pero no resultó en una solución real.
La nueva normativa contempla la posibilidad de actuación policial sobre cuidacoches que se encuentren fuera de la zona de estacionamiento tarifado, que sean parte de disputas territoriales, que amenacen para el cobro de tarifas por fuera de lo establecido por los municipios y que busquen cobrar en efectivo. En base a esto último, y bajo la realidad actual del fenómeno, la Policía de Córdoba estaría habilitada a actuar en gran parte de la capital provincial, cuya zona de estacionamiento tarifado se limita a algunas áreas del microcentro cordobés, además de otras de alta concurrencia al sur y al norte.
Cabe destacar que la moderación en la normativa propuesta por el oficialismo cordobés tuvo presión de varios sectores referidos al campo social. Entre ellos la Iglesia Católica, que durante 2025 sentó una postura crítica sobre la marginación en tiempos de crisis social.
